El Gobierno de Venezuela rechazó y condenó categóricamente el fallo del juez argentino Federico Villena, que ordenó el decomiso y posterior entrega de un avión de carga propiedad de la estatal venezolana Emtrasur –retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde junio de 2022– al Gobierno de los EE.UU.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión, a todas luces servil a intereses imperiales, tomada por el juez federal argentino Federico Villena, que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía Transporte Cargo del Sur (Emtrasur), secuestrada desde el mes de junio de 2022″, reza parte de un comunicado difundido este miércoles por el canciller Yván Gil a través de X.

En el documento se indica que con esta decisión, “el Estado argentino se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola flagrantemente” los convenios internacionales sobre aviación civil y derechos humanos.

“La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la Justicia y Gobierno argentinos, transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”, recalca el texto.

Al mismo tiempo, se asegura que “la República Bolivariana de Venezuela efectuará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que la asisten” y se advierte, especialmente a los países latinoamericanos, “que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo, será interpretada como un acto hostil, de soporte vandálico en contra de un país soberano”.

En adenda, Caracas llamó a recordar que “ha demostrado ante todas las instancias jurídicas y políticas internacionales, la posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al transporte de insumos de primera necesidad” en la región.

Resultado anunciado

El diario argentino La Nación recoge que Villena emitió una resolución en la que rechazó el pedido de devolución del avión interpuesta por el abogado del Gobierno de Venezuela, Maximiliano Rusconi y, en su lugar, ordenó formalmente el decomiso de la aeronave y su posterior entrega a EE.UU., una vez culminen las labores de mantenimiento a las que está siendo sometida la aeronave.

El pasado sábado, la Cancillería venezolana emitió un comunicado para criticar la actuación de la fiscal federal argentina Cecilia Incardona y del titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, con respecto al caso del avión.

En este texto, se cuestiona el argumento de fondo de Buenos Aires, que invoca la existencia de un tratado bilateral de asistencia jurídica con Washington para justificar la entrega de la aeronave a las autoridades estadounidenses, aunque este “no puede ser aplicado a un tercer Estado porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales”, al tiempo que se exige “la devolución inmediata” de la aeronave.

¿Qué pasó con el avión?

En junio de 2022, un Boeing 747-300 propiedad de la estatal venezolana Emtrasur fue retenido junto a su tripulación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras denuncias de supuesta colaboración con el terrorismo interpuestas por asociaciones israelíes.

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Por causa del mal tiempo, el avión desvió su curso desde la ciudad de Córdoba –donde debía repostar combustible– para dirigirse a Uruguay, pero allí le fue negada la autorización para aterrizar. Ya al límite, el piloto optó por pedir permiso en Buenos Aires y aunque le fue concedido, la nave y los tripulantes –cinco de ellos, iraníes– fueron obligados a permanecer en el país.

Meses después, tras numerosos reclamos de Venezuela, los tripulantes regresaron a sus hogares, al comprobarse que las alegaciones interpuestas sobre sus supuestos nexos con grupos terroristas carecían de fundamento.

No obstante, la aeronave continuó represada en Argentina, en tanto el Gobierno de EE.UU. pidió que se le entregara, con el argumento de que antes de ser adquirida por Caracas pertenecía a la iraní Mahan Air, a la que Washington vincula con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Fuerza Qods, organización catalogada como terrorista por el Departamento de Estado.

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