La Cámara Federal de Casación de Argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por delitos de corrupción.

Este es el fallo de segunda instancia que enfrenta la exmandataria, a quien ya solo le queda la alternativa de apelar a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir un fallo histórico que complica su futuro político.

“La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera (…) no existió ni una sola prueba en mi contra”, advirtió Fernández de Kirchner la víspera, a sabiendas de que el tribunal rechazaría su demanda de anular la condena.

El único objetivo del proceso, agregó, es que nunca más vuelva a ocupar cargos públicos. “Lisa y llanamente proscripción de por vida”, afirmó en una carta en la que calificó al juicio como “un zafarrancho” del “partido judicial” que en toda América Latina persigue a los líderes de gobiernos populares, nacionales y democráticos como Luiz Inacio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).

“Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”, aseguró al rechazar las imputaciones en su contra y adjudicarlas a una persecución.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dieron a conocer su decisión en medio de una fuerte expectativa política, ya que Fernández de Kirchner acaba de regresar a los primeros planos de la política nacional luego de haber sido nombrada como presidenta del Partido Justicialista (peronista), lo que oficializó su papel como la principal líder de la oposición al presidente Javier Milei.

La expresidenta fue condenada el 6 de diciembre de 2022, al término de un juicio que duró tres años y medio, en el que hubo 13 imputados, más de 100 testigos y varios escándalos y denuncias de parcialidad por parte de los funcionarios judiciales.

En ese proceso, los fiscales pidieron una pena de 12 años, pero los jueces consideraron que bastaba la mitad, ya que la absolvieron por el delito de “asociación ilícita” y solo la consideraron culpable de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Todo ello ocurrió en el marco de lo que la prensa bautizó como “causa vialidad”, en la que se acusó a Fernández de Kirchner de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), favoreció con millonarios fondos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.

El amigo Báez

La investigación se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, durante el Gobierno de Mauricio Macri, a 51 contratos de obras públicas que obtuvo Báez en Santa Cruz, la provincia ubicada en el extremo sur del país que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.

Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz desde 1991 hasta 2003, cuando se convirtió en presidente. Desde entonces, su amigo Báez comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron de manera acelerada. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.

El juicio marcó un parteaguas en la historia política de Argentina porque, en ese momento, Fernández de Kirchner todavía era vicepresidenta. Fue la primera vez que un personaje político con un cargo tan alto era condenado todavía en ejercicio de sus funciones, ya que los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, así como el exvicepresidente Amado Boudou, fueron juzgados y condenados cuando ya no ocupaban sus puestos.

Desde el principio del juicio, Fernández de Kirchner aseguró que la condena estaba escrita de antemano porque formaba parte del “lawfare” (persecución judicial) que tuvo que enfrentar desde que en 2015 terminó su segunda presidencia y que se reflejó en múltiples causas penales.

El único fin, dijo, era proscribirla para impedirle que volviera a participar en elecciones. El tribunal, acusó, era “un pelotón de fusilamiento”.

Polarización

A lo largo del juicio, sus detractores la condenaron y sus seguidores la exculparon de antemano. La polarización fue permanente.

El 1 de agosto de 2022, el fiscal Diego Luciani adquirió notoriedad con un duro e histriónico alegato en el que acusó a la expresidenta y a su fallecido esposo de haber creado “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.

Días más tarde, se descubrieron fotos en las que Luciani y Rodrigo Giménez de Uriburu, uno de los jueces del tribunal que juzgaba a Fernández de Kirchner, jugaban juntos al futbol en las canchas de la casa de campo del expresidente Mauricio Macri, principal rival de Fernández de Kirchner en ese momento.

“El poder Judicial apesta”, condenó la vicepresidenta, al considerar que la estampa era el retrato del conflicto de intereses y la parcialidad de los juzgadores en su contra.

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Luego vinieron marchas y actos en favor de Fernández de Kirchner y una mayor crispación social, hasta que, el 1 de septiembre, el juicio quedó envuelto por completo en la conmoción que generó el atentado que sufrió la entonces vicepresidenta y que ella adjudicó a la campaña de odio generada por sus opositores.

Ya en la recta final del proceso, se descubrió que jueces, funcionarios y empresarios de medios habían realizado un lujoso y secreto viaje a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín, el multimedios más importante del país y máximo enemigo del kirchnerismo.

Uno de los viajeros era el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público. Pese a las múltiples anomalías, el proceso siguió su curso.

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