Ryan da Silva Andrade Santos, de 4 años, jugaba fuera de su casa en Santos, en el litoral del estado de Sao Paulo, cuando el miércoles recibió un disparo en una operación policial. El menor había perdido a su padre, Leonel Santos, nueve meses antes en una letal operación de las autoridades, que dejó 56 fallecidos.
El coronel Emerson Massera explicó a la prensa que, por lo dinámica de los hechos, la bala que mató a Ryan probablemente provino de un arma de fuego de un policía. En los enfrentamientos que terminaron con la vida del pequeño también murió un adolescente de 17 años y otro de 15 resultó herido.
La muerte de Ryan, que fue enterrado el jueves, provocó una gran indignación social. La versión oficial del gobierno de Tarcísio de Freitas es que “hubo un enfrentamiento entre los agentes y los sospechosos”. En esta línea, el secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derrite, defendió la actuación de los policías y aseguró que la muerte del menor se produjo “lamentablemente porque los policías recibieron disparos”.
“Lo hizo muy bien”
Menos de dos días después de esta tragedia, el gobernador elogió la labor de Derrite. “Lo hizo muy bien y se convirtió en una referencia para todo Brasil”, dijo en un acto, donde no hizo alusión a la muerte del niño.
El informe ‘Objetivo piel: muertes que revelan un patrón’, publicado por la Red de Observatorios de Seguridad, analiza a nueve -Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y Sao Paulo- de los 27 estados de Brasil.
Según el estudio, en 2023 hubo un incremento del 21,7 % de muertes producto de la acción policial en Sao Paulo, la región más poblada de Brasil. El aumento de los fallecidos por intervención policial se atribuye a varios factores, principalmente relacionados con la gestión de seguridad pública del gobierno estatal.
En todo ese año, se registraron 510 víctimas mortales en este estado, entre ellas, un 66 % era negras.
También señala que de las 4.025 personas asesinadas por la Policía en estos nueve estados en 2023, el 87,8 %, o 2.782 personas, eran negras. “Es decir, cada cuatro horas muere un negro a manos de la Policía”, reza el texto.
Otro dato que llama la atención del estudio es que 243 personas asesinadas por los agentes eran niños de entre 12 y 17 años. “Eso muestra cómo las políticas de seguridad que se emplean desconsideran los efectos perversos a las que están sujetas, basándose únicamente en el número de incautaciones y detenciones, sin tener en cuenta el derecho y la preservación de la vida”, asevera el informe.
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