Tres años le bastaron al político ultraconservador Luis Fernando Camacho para convertirse en el principal líder de la oposición en Bolivia, gracias al papel protagónico que ejerció durante el golpe de Estado que sufrió el expresidente Evo Morales.

Desde fines de 2019, este abogado de 43 años pasó de ser un dirigente regional que encabezaba el Comité Cívico Pro Santa Cruz a competir por la presidencia y, finalmente, a ganar la gubernatura de Santa Cruz, el departamento más rico del país y, también, en el que predominan el racismo, el clasismo y la discriminación contra los pueblos indígenas.

Hoy, la atención vuelve a estar concentrada en su figura luego de que el miércoles por la noche fuera detenido. Las violentas protestas que de inmediato estallaron en Santa Cruz para impugnar el proceso en su contra marcaron el inicio de una nueva crisis política en el Gobierno del presidente Luis Arce.

Camacho está acusado de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en la causa judicial denominada Golpe de Estado I que investiga el papel que desempeñaron él; su padre, José Luis Camacho; la expresidenta de facto Jeanine Áñez, el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y otros exfuncionarios en la interrupción del Gobierno democrático de Morales.

En junio pasado, Áñez, Kaliman y Calderón fueron condenados en el marco del juicio Golpe de Estado II. Pero seguía pendiente el otro proceso que inició en noviembre de 2020, que imputaba a Camacho y a su padre, y que se había retrasado porque su declaración fue suspendida dos veces.

Primero fueron citados en septiembre de 2021 en La Paz, pero la comparecencia fue cancelada por supuestos problemas de salud del padre de Camacho. Luego, en julio pasado, una comisión de fiscales viajó a Santa Cruz para tomarles la declaración, pero ambos se negaron. Incluso amenazaron a los funcionarios judiciales.

El proceso judicial avanzó hasta que el 31 de octubre se emitió una orden de aprehensión que se hizo efectiva la tarde del miércoles, casi dos meses después.

La captura marcará la historia de un dirigente que, en sus dos décadas de carrera política, se declaró como enemigo máximo del Movimiento al Socialismo (MAS).

El golpe

Proveniente de una acaudala familia de Santa Cruz, Camacho comenzó su trayectoria pública a principios de los 2000 militando en organizaciones políticas de este departamento, pero fue hasta 2013 que su figura comenzó a despegar en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ya se había consolidado como una de las organizaciones ultraopositoras al gobierno que encabezaba Morales, a quien siempre descalificó como “tirano” o “dictador”.

En febrero de 2019, Camacho llegó a la presidencia del Comité y, meses más tarde, azuzó el golpe de Estado con el pretexto de que Morales supuestamente había cometido fraude en las elecciones presidenciales de octubre de ese año.

El dirigente convocó a un Cabildo en Santa Cruz y encabezó violentas protestas durante 21 días. Arrogándose una representación que no tenía, le dio a Morales un plazo de 48 horas para que renunciara.

Luego redactó él mismo una carta de renuncia y exigió que el presidente la firmara, a lo que Morales se negó. Consumado el golpe, Camacho se tatuó esa carta, junto con una cruz, para celebrar su victoria política.

El histrionismo de sus discursos, que estaban colmados de referencias religiosas, y las descalificaciones al presidente posicionaron su imagen en los medios nacionales e internacionales. En Bolivia, se popularizó su apodo: “macho”, en referencia a la firmeza e intransigencia que mostraba para atacar a Morales y al MAS.

La mañana del 10 de noviembre de 2019, cuando la grave crisis postelectoral recrudecía, Camacho llegó hasta la sede del Gobierno en La Paz, se arrodilló y, al grito de “Dios volverá a Palacio”, colocó una Biblia en el piso junto con una bandera boliviana.

Horas más tarde, obligado por las fuerzas Armadas y de Seguridad, Morales renunció. Camacho atribuyó el desenlace a sus rezos.

Un mes después, se filtró el video de una conversación en la que Camacho reconocía que su padre había hecho un acuerdo con el Ejército y la Policía para que no reprimieran las protestas que los opositores llevaron a cabo después de las elecciones.

“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan, con la Policía de la misma manera (…) cuando pudimos consolidar que ambos [Policía y Ejército] no iban a salir, fue que dimos las 48 horas [de plazo para que Morales renunciara]”, agrega Camacho en el video.

Esas manifestaciones, así como la falta del respaldo de las fuerzas Armadas y de Seguridad, fueron decisivas para que se consumara el golpe.

Campaña y escándalos

Ya con Morales exiliado en México y con Áñez autoproclamada como presidenta, Camacho aprovechó la popularidad que había obtenido para postularse en las elecciones presidenciales que se realizaron el 18 de octubre de 2020.

Contrario a sus expectativas, el líder santacruceño quedó en tercer lugar con el 14 % de los votos, por detrás de Luis Arce, el candidato del MAS; y Carlos Mesa, de la coalición Comunidad Ciudadana.

Además de perder, su campaña quedó envuelta en un escándalo cuando se reveló un audio en el que Marco Pumari le pedía a Camacho 250.000 dólares y el control en el manejo de dos aduanas para ser su compañero de fórmula, es decir, candidato a la vicepresidencia. Ninguno negó la conversación, pero ambos se culparon de la filtración.

Tensión política, presiones y silencio: ¿qué pasa en Bolivia tras la detención de Luis Fernando Camacho?

Erigido como el nuevo y mediático líder opositor al MAS, Camacho se postuló como candidato a gobernador de Santa Cruz en los comicios realizados el 7 de marzo de 2021. Entonces sí arrasó con el 55,6 % de los votos.

Desde ese cargo, se enfrentó en reiteradas ocasiones a Arce. La pelea tuvo un punto culminante este año, cuando Camacho impugnó los cambios en las fechas para la realización del censo y convocó a una huelga que mutó en una inesperada crisis política en el Gobierno nacional. El paro duró 36 días y derivó en violentas marchas y protestas, que dejaron un saldo de por lo menos cuatro muertos y pérdidas millonarias.

A principios de diciembre, Arce dio por terminado el conflicto al proclamar la Ley del Censo que establece que esta consulta se llevará a cabo en marzo de 2024. El gobernador de Santa Cruz presumió que le había “torcido la mano” al presidente. Solo tres semanas después, la Fiscalía lo detuvo.

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