El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó este jueves a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ser visitado por sus emisarios en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
A través de su abogado, Wilfredo Robles, Castillo solicitó una audiencia al equipo técnico de la OACDH, que desde el 18 y hasta el 20 de enero realiza una visita a Perú para constatar la situación de los derechos humanos en la nación andina, en el marco de las protestas antigubernamentales y las denuncias de represión por parte de las autoridades.
En el marco de la visita oficial que realiza el Equipo Técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU al Perú, mi equipo legal y yo solicitamos audiencia en el Penal de Barbadillo para hablar sobre mi injusta situación y las graves violaciones a los DD. HH. pic.twitter.com/PnEV9enjy8
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 19, 2023
“Solicito que la misión de la OACDH visite a mi patrocinado en el establecimiento penal de Barbadillo, […] lugar donde se encuentra arbitrariamente detenido”, escribió en la misiva el abogado.
En el texto, Robles pidió además “estar presente en dicha visita para exponer los detalles jurídicos que se le siguen al presidente Castillo”, ya que no le fue concedido ese derecho durante la audiencia que tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el exmandatario el pasado 22 de diciembre.
Denuncia de Castillo
La defensa afirma que Castillo es “víctima” de la “dictadura” instaurada bajo la dirección de la actual presidenta, Dina Boluarte, y el Congreso.
“Sostenemos que en la actualidad no existe un Estado de derecho en Perú que garantice el debido proceso y el ejercicio efectivo de la defensa”, reza el texto.
Castillo fue detenido luego de que anunciara la disolución del Congreso y declarara un “gobierno de excepción” el pasado 7 de diciembre, fecha pactada por el Legislativo para debatir una moción de vacancia. El 15 de ese mes, la Justicia peruana dictó en su contra 18 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal por el delito de rebelión.
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