La Asamblea Nacional de Ecuador resolvió este miércoles rechazar y archivar el proyecto de ‘Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos’, presentado por el presidente del país suramericano, Daniel Noboa.

En el pleno del Parlamento, la moción para no dar paso a la iniciativa, presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, recibió 84 votos a favor.

Según informó el Parlamento, los legisladores argumentaron que el proyecto no plantea soluciones efectivas para combatir el lavado de activos y, además, consideraron que la verdadera intención era “crear más impuestos para los ecuatorianos”, lo que tendría un impacto directo sobre las personas de ingresos medios y bajos.

Entre otras cuestiones, la iniciativa planteaba que el tributo por la compra y venta de vehículos usados, que actualmente es de 1 %, subiera de manera progresiva. Se proponía una tarifa de entre 0,75 % y 4,25 % sobre el precio de venta del auto.

Se trataba supuestamente, según indicó la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional (que el pasado lunes aprobó un informe sobre el proyecto para su debate), de una “regulación para el control del lavado de activos en el comercio de vehículos usados”.

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En contra

De acuerdo con Peñafiel, la iniciativa de Noboa “le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos”. “De lavado de activos este proyecto no tiene nada, porque no atiende precisamente al gran problema del lavado de activos”, aseveró en el debate de este miércoles, citado por Primicias.

“Que quede claro el mensaje: no más impuestos para la gente pobre“, agregó el legislador.

En el mismo orden se pronunció la presidenta del congreso, Viviana Veloz: “Esta Asamblea siempre está lista para apoyar a las familias, pero no permitirá que se cargue un impuesto más a la clase obrera y trabajadora (…) esta Asamblea no dará sus votos para que se impongan nuevos impuestos“.

El proyecto, también conocido como ‘Ley Antipillos”, fue enviado por el mandatario al Congreso el pasado 8 de noviembre en calidad de “económico urgente”, lo que implicaba que el Legislativo tenía 30 días para tratarlo, aprobarlo o negarlo; y si al vencer el plazo no había respuesta de los asambleístas, la ley entraría de inmediato en vigor como fue presentada inicialmente.