“Me falta el aire”, habría dicho Walter Ceferino Nadal mientras era detenido, según testigos. No ocurrió en Minneapolis (EE.UU.), murió este miércoles en San Miguel de Tucumán, la ciudad más poblada del norte argentino, y tiene a la Policía local seriamente involucrada en lo que podría haber sido un homicidio por abuso de autoridad.

Inicialmente, la versión de las fuerzas de seguridad indicaba que el hombre de 43 años había tenido un infarto mientras pretendía escapar. Sin embargo, la autopsia señala que en verdad falleció por asfixia, publicó La Gaceta, fortaleciendo la teoría de la defunción producto del maltrato. Por el momento, la fiscal no hizo público el documento, pero las asociaciones de derechos humanos consultadas por este medio confían en la veracidad de la información.

Reconstrucción de los hechos

El 24 de junio, en el centro de la capital provincial, un sujeto avisó a una uniformada de la Patrulla Urbana que le habían robado, aparentemente una gorra. Así, tras pedir refuerzos, fueron tras él. Al dar con Nadal, vieron que ya había sido reducido por los efectivos Josué Molina y Melanie Mariel Caliva, los mismos que aseguraron que el detenido se había empezado a sentir mal cuando lo trasladaban a la Seccional 1, y murió finalmente en el hospital Padilla.

“Uno de ellos tenía su rodilla en la nuca”, le dijo un testigo al medio tucumano. El detenido habría avisado que no podía respirar, al igual que George Floyd, pero “no lo soltaron”, agregó. Además de los trascendidos periodísticos, se cree que le dio la misma versión a la Justicia mediante su declaración testimonial.

Más en detalle, el transeúnte se explayó: “Caminaba por el lugar y me topé con esa escena. Era todo muy violento. No entendía nada. Alcancé a ver que el policía más grandote se le abalanzaba. El tipo, que parecía un hombre más grande, no se podía ni mover”. A su vez, acotó que los efectivos “a los gritos pedían a la gente que no se acercara y que no filmara con los celulares”.

En el caso de EE.UU., el registro audiovisual fue clave para clarificar los hechos y generar indignación en la opinión pública. Igualmente, sobre Nadal también circularon algunos videos en redes sociales. En uno de ellos se ve a los efectivos intentando reanimarlo. En otro se observa un forcejeo al momento de su detención, mientras estaba en el piso.

Criminalizar al fallecido

En cuanto a las autoridades, se emitieron mensajes contradictorios. El subsecretario de Seguridad, José Ardiles, comunicó que el Ministerio acompañaría la investigación judicial: “Somos enérgicos e intransigentes con quienes cometen delitos, no tenemos dobleces. Por eso, seremos inflexibles con los responsables de este hecho y serán separados inmediatamente de la fuerza en caso de que la Justicia los encuentre responsables”.

Sin embargo, el ministro de aquella cartera, Claudio Maley, opinó que “la intervención policial fue correcta y oportuna”, y adelantó que “no serán separados de la fuerza por el momento”. Además, en una entrevista se encargó de hacer públicos los antecedentes del difunto, quien ya no está para defenderse.

Pero, ¿alguien del Gobierno provincial llamó a la familia para preguntar si necesita algo? “No, nadie”, le contesta a RT el hermano del fallecido, Luis Nadal. Con ese marco, en febrero de este año la esposa del difunto denunció una golpiza policial contra su esposo en un contexto de detención, por otro hecho.

“Son prácticas arraigadas”

Últimamente la Policía ya había sido protagonista de otras polémicas en ese territorio gobernado por el peronista Juan Luis Manzur, un aliado del presidente Alberto Fernández. La más resonante fue la desaparición forzada de Luis Espinoza, seguida de muerte, hace tan solo un mes.

Para Sebastián Pisarello, miembro de ANDHES, una agrupación de abogados que defiende los derechos humanos en el noroeste argentino, “los casos de homicidios en manos de fuerzas policiales son habituales en Tucumán”. Y suma: “Se enmarca en una serie de prácticas violentas con la que esta fuerza actúa diariamente”.

Sebastián Pisarello, miembro de ANDHES.

El entrevistado también destaca “los procedimientos irregulares y la falsificación de actas que presentan ante los operadores judiciales”, tal como sucedió en estos días. “No son hechos aislados, son prácticas arraigadas, y parte del proceso de formación autónoma que reciben quienes ingresan a las fuerzas de seguridad”, advierte.

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Por otro lado, Pisarello subraya que “desde el comienzo del aislamiento social, el accionar violento y discriminatorio ha aumentado notablemente”. También critica el exceso de facultades delegadas a las fuerzas de seguridad, y exige “una reforma policial amplia, profunda y urgente en la formación del personal, con herramientas para erradicar la violencia institucional“.

“La Policía de Tucumán es una de las más agresivas”, remarca la copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo. También coincide en que la clave está en modificar las escuelas policiales, para solucionar el conflicto de raíz.

Con otro enfoque, contextualiza el problema de la violencia desde el entorno social: “Hay una ideología muy conservadora en la provincia, se ve a los sectores populares como si fuesen una amenaza”. Al respecto, opina que para cambiar ese presente tiene que haber “una transformación cultural e ideológica”.

Leandro Lutzky

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