Mientras México registra una cifra récord de solicitudes de asilo y aumenta la presión en la frontera sur de EE.UU. por la llegada de migrantes sin documentos, la propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vuelve a la mesa: un plan de desarrollo integral para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que cuente con un financiamiento anual de 2.000 millones de dólares por parte de la Casa Blanca.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, insistió en esa propuesta el jueves, y advirtió que los flujos migratorios en la zona serán “constantes y crecientes”. Las razones para el éxodo forzado tienen que ver con la ausencia de oportunidades para los ciudadanos en sus países de origen, una situación que se ha visto agravada por el impacto de la pandemia y la esperanza de muchos inmigrantes con un “cambio” en la política migratoria de EE.UU., tras la salida de Donald Trump.

“Si se ve en una perspectiva de región, con diferentes enfoques, pero sobre todo el demográfico y el económico, es evidente que los flujos van a ser constantes y crecientes en los próximos años”, sostuvo Ebrard, quien consideró que el enfoque para atender la actual coyuntura debe ser “conjunta” y de “corresponsabilidades“.

Ese enfoque no es nuevo. Ya en 2019, México presentó junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, que entre sus objetivos tenía el combate a las causas estructurales de la migración irregular.

No obstante, el impacto fiscal de la pandemia en México y las trabas burocráticas para permitir la llegada de las ayudas a los beneficiados, retrasaron el apoyo a los ciudadanos centroamericanos y, apenas en octubre del año pasado, fue que se hicieron las “primeras dispersiones” en El Salvador y Honduras. En un comunicado de la Cancillería mexicana, se admitía que “en ambos países, la entrega de recursos se basa en plazos vencidos“.

En peor situación se encuentra Guatemala, cuyos recursos “están en riesgo” por no haberse firmado el convenio con México, explicó el año pasado la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

¿Cuánto cuesta el plan?

Cuando se presentó el plan oficialmente, el Gobierno mexicano estimó que se requerían 10.000 millones de dólares anuales para ejecutarlo. La administración de López Obrador se comprometió a invertir 25.000 millones de dólares en un plazo de cinco años, mientras que EE.UU. dijo que “buscaría inversiones” por 5.800 millones de dólares para Honduras, Guatemala y El Salvador, y otros 4.800 para México.

Sin embargo, el llamado de Ebrard para que EE.UU. contribuya al financiamiento del plan sugiere que el aporte de Washington todavía es un tema en discusión, teniendo en cuenta que cuando se pactó el proyecto, el inquilino de la Casa Blanca era Donald Trump y no Joe Biden.

Este viernes, Biden pidió al Congreso invertir 861 millones de dólares en Centroamérica para frenar la inmigración irregular, una cifra muy por debajo de la que aspira México. Aunque desde antes de llegar a la Casa Blanca, la promesa del actual mandatario estadounidense era destinar solo 4.000 millones de dólares para el Triángulo Norte en cuatro años.

El apremio sobre el asunto migratorio también es creciente para la nueva administración estadounidense, que ahora enfrenta la situación con una postura ambigua: por un lado, Biden deroga algunas políticas de su antecesor; pero por otro insta a los migrantes a no intentar llegar a EE.UU., mientras aumenta a cifras récord el número de detenciones de personas sin documentos en la frontera sur con México.

En esa circunstancia, la administración de López Obrador apuesta a moverse rápido. El jueves, Ebrard dejó claro que para México hay una “coyuntura política muy relevante”, que le impulsa a poner el plan sobre la mesa, en la medida en que ha entablado un “nuevo diálogo” con el Gobierno de EE.UU.

“Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en ese planteamiento, pero veo de que hay una posibilidad“, insistió el canciller, quien no solo ve la idoneidad para negociar con EE.UU. sino con Guatemala, El Salvador y Honduras. En ese sentido, insistió: “Yo diría que estamos en un momento en donde tenemos la mejor relación con estos países desde hace varios años”.

Nueva mediación

Esta semana, López Obrador conversó con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, sobre acciones conjuntas para proteger a los niños que migran hacia EE.UU.

¿Nuevas políticas o repetición? La Administración de Biden frente a la llegada récord de migrantes a la frontera sur de EE.UU.

Harris fue designada a finales del mes de marzo por Biden como la encargada de coordinar los esfuerzos para atender el flujo migratorio desde Centroamérica, con la promesa de tratar el tema “de manera humana, y detenerlo”.

El anuncio del nombramiento de Harris ocurrió el día después de la reunión entre México y EE.UU., en la que se firmó un acuerdo para implementar “distintos mecanismos de protección de derechos humanos”, con especial atención en el cuidado de “los infantes migrantes“.