El pedido de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua y decomiso de los bienes de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tensó el clima político e incrementó la polarización del país sudamericano.

La víspera, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a la expresidenta de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado por un monto de 1.000 millones de dólares.

El alegato fue celebrado de inmediato por la oposición partidaria y mediática, que dio por probada la culpabilidad de la exmandataria, mientras que el oficialismo la defendió y aseguró que es víctima de una persecución judicial (‘lawfare’) porque no hay pruebas de los delitos que le imputan.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”, fue la primera reacción de Fernández de Kirchner, luego de que el tribunal rechazara su petición para ampliar su declaración indagatoria.

Después de que le impidieran hablar formalmente en el proceso, la vicepresidenta anunció que entonces este martes emitiría un mensaje a través de sus redes sociales, lo que desató una fuerte expectativa, ya que se esperan duras críticas al Poder Judicial.

El debate público a favor y en contra de Fernández de Kirchner, una figura que suele despertar amores y odios, se intensificó.

Antagonismos

El presidente Alberto Fernández, el Gobierno nacional, gobernadores, intendentes, senadores, diputados y militantes peronistas salieron a respaldarla, en una muestra de unidad que el oficialismo no tenía desde hace tiempo.

Incluso compararon su caso con el del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado, pero luego quedó libre al comprobarse que el caso en su contra había sido armado para proscribirlo. Hoy, es el candidato que encabeza las encuestas presidenciales rumbo a las elecciones del próximo 2 de octubre.

La polarización, que es permanente en las redes sociales, se replicó de manera física en la casa de Fernández de Kirchner en Buenos Aires, a donde primero llegaron varios grupos de personas para celebrar el pedido de condena en su contra, pero luego fueron desplazados por los miles de simpatizantes que acudieron a apoyarla al grito de “¡Todos con Cristina!” y “¡Cristina no se toca!”.

En medio de la tensión, la Policía de la capital, que es gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, opositor al peronismo, reprimió a los seguidores de la vicepresidenta.

“Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, acusó la vicepresidenta.

En respuesta, el jefe de Gobierno le advirtió que no “engendrara más violencia”.

Sin embargo, para ese momento, Francisco Sánchez, diputado de la alianza que encabezan Macri y Rodríguez Larreta, ya había pedido incluso la “pena de muerte” contra Fernández de Kirchner, pero nadie de su espacio salió a criticarlo o a despegarse de la propuesta.

¿Justicia partidaria?

Los políticos y medios antiperonistas, en tanto, trataron de darle un tono épico al pedido de los fiscales y compararon su alegato con el histórico “Nunca más” que pronunció Julio César Strassera en 1986, cuando se realizó el juicio que condenó a las cúpulas de las juntas militares que encabezaron la última dictadura argentina (1976-1983).

La diferencia, sin embargo, es que las condenas a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad sí tienen un amplio consenso social.

Por el contrario, el pedido de condena e inhabilitación contra Fernández de Kirchner es cuestionado por un amplio sector de la sociedad, debido a la parcialidad manifesta de gran parte del Poder Judicial que suele actuar por intereses políticos, tal y como actuó Sergio Moro, el fiscal que impulsó las condenas contra Lula y luego se sumó al gabinete de Jair Bolsonaro.

En este caso, por ejemplo, se demostró que Luciani, uno de los fiscales que pidió la condena de la vicepresidenta, y Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del tribunal que la juzga, jugaban juntos al futbol en una de las canchas de la casa del expresidente Macri.

Fiscales piden pena de 12 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción

Respaldo

La discusión ya tuvo repercusión internacional debido al apoyo que diversas personalidades le han manifestado a Fernández de Kirchner, entre ellos los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; Colombia, Ernesto Samper; y Ecuador, Rafael Correa; y el excandidato presidencial de Francia, Jean Luc Mélenchon.

“Como habíamos advertido, la hermana (Cristina) es víctima de un ataque inclemente de ‘lawfare’, o guerra política que usa a la justicia como arma, para inhabilitarla. Repudiamos la actuación de fiscales que imitan al juez Moro. ¡Fuerza hermana Cristina!”, escribió Morales.

Samper también aludió a un ‘lawfare’ al asegurar que “movieron con extraña rapidez un proceso judicial que no la vincula, pasando por encima del debido proceso y que busca impedirle presentarse en las próximas elecciones: toda una farsa“.

Mélenchon, por su parte, se solidarizó con Fernández de Kirchner. “El uso de la justicia para el ajuste de cuentas político continúa en todo el mundo”, lamentó.

Correa, en tanto, reposteó los carteles que convocan a protestar “contra la persecución política, mediática y judicial” de la vicepresidenta argentina.