El llamado ‘plan B‘, como denominó el primer mandatario a este conjunto de modificaciones, introduce diversos cambios al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo el argumento de reducir el gasto de ambos organismos, mejorar sus procesos y frenar cualquier acto de corrupción.

Pese a los numerosos cambios introducidos, la reforma no es tan ambiciosa como el proyecto original del presidente, ya que para poder modificar de fondo al sistema electoral se necesita trastocar la Constitución y los aliados de López Obrador en el Congreso no reúnen el apoyo necesario para hacerlo.

“Algo es algo”, celebró el mandatario durante su conferencia habitual del miércoles, quien, no obstante, reconoció que la iniciativa es “acotada”. En tanto que la oposición criticó que la reforma fuera aprobada de manera acelerada, sin que se diera el tiempo necesario para revisarla.

Lo básico del proyecto

La propuesta de más de 300 páginas fue avalada con 267 votos a favor y 221 en contra, cerca de las 2 de la madrugada del pasado miércoles, después de apenas unas horas de haber sido presentada ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa trastoca cinco leyes secundarias en materia electoral y más de 300 artículos dentro de ellas, además de que introduce una nueva regulación: la Ley General de los Medios de Impugnación.

Entre las leyes secundarias que modifica el proyecto se encuentran: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De acuerdo con cálculos del Gobierno, la reforma logra un ahorro presupuestal de alrededor de 3.500 millones de pesos (177,4 millones de dólares), si bien la propuesta constitucional original hubiese salvado hasta 15.000 millones de pesos (760,4 millones de dólares).

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma ahora debe ser discutida en el Senado, que deberá aprobarla para poder entrar en vigor.

Las disposiciones a favor de la austeridad

Entre los puntos importantes del ‘plan B‘ se establece que el INE y el TEPJF deben realizar una revisión a los salarios de sus funcionarios, para asegurar que nadie gane más que el presidente, como establece el artículo 127 de la Carta Magna.

En este sentido, la reforma elimina los seguros de gastos médicos mayores concedidos a los servidores de ambos organismos e insta a que todos los trabajadores en el régimen de ‘confianza’ e ‘inscritos’ se unan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A la par, la iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del INE, que “han sido creados al margen de la ley”, como el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos, así como el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.

Hacia la unificación, simplificación y reducción de funciones

El proyecto modifica el calendario electoral, recortando el período inicial de selección y capacitación de los ciudadanos que integrarán las mesas y casillas de elección de 54 a 26 días, aproximadamente .

En tanto que, transfiere las facultades financieras de la Junta General Ejecutiva del INE a una nueva Comisión de Administración, cuyos cinco consejeros se encargarán de la gestión presupuestaria y del seguimiento del gasto del instituto.

A la par, el proyecto propone eliminar la Secretaria Ejecutiva del INE, encargada de representar legalmente al instituto y de administrarlo, la cual pasaría a ser auxiliar del Consejo General.

Además, se sugiere recortar el número de oficinas delegacionales del INE de 300 a 260 y cambiar su estatus de permanente a temporal. Asimismo, se crea el Sistema Nacional Electoral (SNE) que integra algunas atribuciones el INE con las de los Órganos Públicos Locales (OPLs).

En otros temas, la iniciativa plantea reformas al sistema de conteo de votos, al establecer la unificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo electoral, cuyo recuento deberá comenzar el mismo domingo de la jornada electoral y transmitirse en tiempo real.

Reformas a la propaganda y la promoción electoral

Para evitar la compra de votos y garantizar la legitimidad de los procesos electorales, la propuesta establece que ningún partido, coalición, aspirante o candidato podrá promover su imagen o/y propuestas mediante la entrega o promesas de dádivas en efectivo, crédito o especie y que, de hacerlo, podrán ser denunciados e investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Asimismo, la iniciativa prevé la suspensión inmediata de las campañas que promuevan la violencia hacia las mujeres, en tanto que establece que podrá ser sancionado cualquier partido o candidato que difunda propaganda política o electoral que calumnie a personas, partidos políticos o a gobiernos emanados de éstos.

Las modificaciones políticas

El proyecto señala que ninguna persona podrá ser registrada como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, así como tampoco podrá competir de manera simultánea a cargos federales, municipales y distritales.

Con miras de regular el proceso de reelección de senadores y diputados, la iniciativa también contempla que los legisladores que busquen renovar su mandato se separen de su cargo como máximo hasta un día antes del inicio de las campañas electorales, con el fin de que su candidatura no afecte sus responsabilidades en el Congreso.

El ‘plan B’ además sugiere que las elecciones puedan cancelarse si han habido violaciones a la fracción IV del artículo 41 constitucional, que establece los tiempos de campaña electoral.

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Para reforzar la equidad de género, se establece la obligación de partidos políticos y coaliciones de postular en paridad de 50% a hombres y mujeres para integrar cargos en órganos colegiados y también en candidaturas uninominales.

Mientras que se prohíbe a los partidos aliados transferir o distribuir votos en cualquier escenario, lo que a la fecha le permite mantener el registro a partidos pequeños en coalición.

Los cambios en beneficio de la ciudadanía

El proyecto propone cambios en la realización de comicios desde el extranjero, al introducir el voto por internet, que podrá ser llevado a cabo a través de una aplicación que será implementada días antes de las elecciones.

Asimismo se establece que los ciudadanos radicados en el exterior podrán ejercer su voto ya no sólo presentando su credencial para votar, sino también su pasaporte o matrícula consular vigente, cualquiera de estos documentos que tengan a la mano y que sean avalados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, el ‘plan B’ propone otorgar el derecho efectivo de voto a las personas en prisión preventiva y garantizar el sufragio de las personas con discapacidad en estado de postración.

La propuesta también otorga a los ciudadanos el derecho a solicitar la cancelación inmediata de su registro a un partido político, si descubren que han sido afiliados sin su consentimiento.

La transformación del sistema judicial electoral

Para actualizar y modernizar el sistema de justicia, la propuesta introduce cambios a los medios de impugnación, reduciendo su número de siete a cuatro, además de que crea la Sección Resolutora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A la par, la iniciativa recomienda eliminar dos salas regionales que nunca entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas responsabilidades serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.

En este mismo sentido, se introduce el juicio en línea a través del Sistema de Juicio en Línea en Materia Electoral, mientras que se establece que el TEPJF no podrá intervenir en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia ni designar directa o indirectamente a dirigentes partidistas.

Además, la reforma plantea que los consejos locales podrán realizar el recuento de votos cuando la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar sea igual o menor a un punto porcentual. Esta disposición remorara la diferencia de votos alcanzada entre Felipe Calderón y López Obrador, cuando este último perdió la presidencia en 2006 por una diferencia de 0,58 %.

Lo que quedo fuera

La reforma constitucional, que fue rechazada por el Pleno de la Cámara de Diputados, proponía cambiar de nombre al Instituto Nacional Electoral por Instituto Nacional Electoral y de Consulta, elevando al mismo nivel que los comicios la realización de referendos populares. Una modificación que no pudo ser integrada en el ‘plan B’ al requerir de un cambio constitucional.

En este sentido, tampoco se permitió la eliminación de legisladores plurinominales, mediante la cual se pretendía disminuir el número de diputados en el Congreso federal de 500 a 300, y el de senadores de 128 a 78. Menos aún se pudo acortar el número de servidores en cabildos y ayuntamientos, que llegan a estar saturados hasta con 16 funcionarios.

La reforma original también buscaba retirarles el financiamiento público a partidos políticos, en tanto no hubiera campañas electorales, otra cambio que no pudo ser introducido.

También quedó fuera la elección popular de los consejeros y magistrados del INE, que continuará siendo una decisión interna del instituto. El ‘plan B’, sin embargo, contempla eliminar el registro de candidaturas que no cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias a cargos dentro del INE y el TEPJF, incluyendo a magistrados y consejeros, lo que podría significar una ventaja para Morena en las elecciones a estos puestos el año próximo.

Lo controversial

Desde su aprobación, la reforma electoral ha despertado las críticas de expertos y opositores.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del instituto electoral en 2003-2007, criticó en su Twitter que la discusión del ‘plan B’ se diera de manera acelerada, sin que los congresistas analizaran a fondo las propuestas.

“Atenta contra los principios de la deliberación democrática poner a discusión hoy una propuesta de más de 300 páginas sin que haya sido leída y analizada”, escribió el exfuncionario.

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El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya advirtió que la Cámara Alta cuidaría del “procedimiento legal”, por lo que no habría “atropellamiento” del proceso de discusión, es decir, “vía rápida”.

Más allá de las críticas a su aprobación en la Cámara de Diputados, expertos y opositores aseguran que el proyecto da ventajas a Morena, porque bajo las disposiciones de propaganda podría censurarse a los adversarios políticos y permitirse la libre opinión de los candidatos del partido en el poder.

Por lo pronto, la reforma ya fue impugnada ante el poder judicial por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que podría no entrar en operaciones, incluso sí es aprobada en el Senado. Este escenario ya había contemplado por el presidente López Obrador, quien el pasado miércoles llamó a los candidatos a las elecciones presidenciales de 2024 a continuar “luchando”.

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