La situación política y penal de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, está en manos de la Asamblea Nacional del país suramericano.
Para el mediodía de este viernes se convocó una sesión en el Parlamento para debatir y votar sobre si se levanta la inmunidad de la que goza la funcionaria, con el objetivo de que sea procesada penalmente en el denominado ‘Caso Nene‘, al que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende vincularla.
La cita en el Legislativo fue convocada luego de que la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho diera un plazo de 48 horas, contados desde el 12 de junio, para que la Asamblea autorice o niegue el procesamiento penal de Abad.
La jueza fijó para el próximo 17 de junio la audiencia de vinculación y reformulación de cargos en el ‘Caso Nene’, en el que también se investiga al hijo de la segunda mandataria, Francisco Sebastián Barreiro Abad.
Escenarios en la Asamblea
En el Parlamento se requieren 92 votos, de los 137 asambleístas que lo conforman, para levantar el fuero a Abad y sea procesada penalmente, refiere Radio Pichincha.
De no alcanzarse ese número de votos, el pedido de quitar la inmunidad a la funcionaria será negado y Abad mantendrá su fuero de Corte.
La acusación
El ‘Caso Nene’ se dio a conocer en marzo pasado, cuando fue detenido Barreiro Abad en la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, y trasladado a Quito para su proceso.
Al hijo de la vicepresidenta le dictaron prisión preventiva; pero luego logró salir de la cárcel tras pagar 20.000 dólares de caución y recibir medidas sustitutivas.
Según la FGE, el proceso contra Barreiro Abad inició por una denuncia que recibió la Fiscalía a través del “buzón” destinado para ello. El denunciante contó que había trabajado en la Vicepresidencia de la República, en el área de Comunicación y que Barreiro, junto a un supuesto asesor de Abad, identificado como Daniel R., le ofrecieron un sueldo a cambio de un porcentaje mensual del salario como comisión para permanecer en el puesto (diezmos).
En principio, en el caso se investigaba el presunto delito de “oferta de tráfico de influencias”; pero el pasado lunes la FGE informó que la causa se trasladaría a la Unidad de Fuero de Corte Nacional y se vincularía a Abad a esta, al determinar su presunta participación en el hecho.
El caso lo lleva ahora la fiscal general del país, Diana Salazar, quien decidió cambiar el delito a “concusión”.
Ese cambio en el delito investigado abrió la posibilidad de que Abad, además de un posible proceso penal, enfrente un juicio político en la Asamblea Nacional, ya que la “concusión” es una de las tres causales para enjuiciar políticamente al presidente o vicepresidente, según el artículo 129 de la Constitución.
Aparte, Abad fue denunciada por Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta infracción electoral.
La clave: elecciones 2025
Todos estos procesos contra Abad se dan mientras la vicepresidenta permanece como “embajadora extraordinaria y plenipotenciaria” en Israel por orden del presidente, Daniel Noboa, quien le asignó ese cargo lejos de Ecuador poco después de llegar al poder.
Además, ocurren a meses de que se celebren nuevos comicios presidenciales en el país, previstos para el 9 de febrero de 2025, en los que podría participar el actual mandatario.
Abad acusó a Noboa de estar detrás de la denuncia de Guarderas. Asimismo, dijo que “es clara la persecución política” y que buscan destituirla para que no pueda asumir la Presidencia de Ecuador, en caso de que el mandatario decida ser candidato.
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