La justicia electoral brasileña cesó de su cargo al diputado Deltan Dallagnol, quien hace años estuvo al frente del equipo de fiscales de la megaoperación anticorrupción ‘Lava Jato’ y contribuyó con sus acusaciones a llevar a la cárcel, en 2018, al hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) tomó esa decisión al considerar que Dallagnol violó las normas cuando, en 2021, renunció a su cargo para evitar eventuales sanciones administrativas en la quincena de procesos abiertos en su contra.

Su candidatura había sido impugnada por dos formaciones izquierdistas, la Federación Brasil de la Esperanza, la coalición con la que Lula ganó las elecciones, y el Partido de la Movilización Nacional (PMN).

“Parece, por lo tanto, que el imputado actuó en defraudación de la ley, ya que practicó, de manera capciosa y deliberada, una serie de actos para impedir el proceso disciplinario administrativo en su contra y, por lo tanto, eludir la inhabilitación”, dijo el magistrado Benedito Gonçalves, instructor del caso.

“Una venganza sin precedentes”

El diputado, que puede recurrir la sentencia ante el Supremo Tribunal Federal (STF), denunció que los más de 344.000 votos que obtuvo en el estado sureño de Paraná fueron “silenciados de un plumazo, desafiando a la ley y la Justicia”.

“Mi sentimiento es de indignación por la venganza sin precedentes que está teniendo lugar en Brasil contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que osaron luchar contra la corrupción. Pero ningún obstáculo me impedirá seguir luchando por el propósito de mi vida de servir a Dios y al pueblo brasileño”, dijo el diputado.

Dallagnol, de 43 años, ejerció como fiscal entre 2003 y 2021. En 2014, pasó a coordinar la acción del equipo que investigaba la operación ‘Lava Jato’, que destapó una trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

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La operación acusó y encarceló a decenas de empresarios y políticos, entre ellos Lula, quien pasó 580 días en prisión tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero.

La ‘Lava Jato’ perdió fuerza después de que el STF anulara muchos de esos procesos por problemas de jurisdicción y declarara que el entonces juez y hoy senador, Sergio Moro, no fue “imparcial” al condenar a Lula, quien fue liberado y pudo recuperar sus derechos políticos.