La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes allanar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Guaidó, lo que supondría el inicio de su enjuiciamiento.
El presidente del órgano plenipotencario, Diosdado Cabello, dijo que la ANC aprueba la solicitud del TSJ “para que haya justicia” en el país: “Esa justicia es necesaria para la garantía de la paz“, puntualizó.
“A veces tarda la ley”, dijo, tras exhortar al chavismo a no “desesperarse” con el proceso de investigación contra Guaidó que adelantan el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.
#EnVideo ? | Así la ANC aprobó el Decreto Constituyente con el que autorizan a la justicia venezolana a continuar juicio contra Juan Guaidó pic.twitter.com/wff3uFSsFg
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 3 de abril de 2019
El dirigente chavista aseguró que incluso dentro de las propias filas del antichavismo “están felices” por el desafuero a Guaidó.
Sobre las posibles medidas que pueda tomar EE.UU. en contra de Venezuela, tras la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria al líder opositor, Cabello manifestó que al chavismo no le intimidan “los poderosos”.
En su derecho de palabra, la diputada constituyente, María León, señaló que el desafuero parlamentario es, a su juicio, como debe tratarse a aquellos que “traicionan a la patria”, y además propuso que la medida sea aplicada a otros diputados opositores en el exterior, entre ellos Julio Borges.
#EnVivo ?| Constituyente, @MariaLeonaPSUV: Allanar la inmunidad a Guaidó estoy de acuerdo totalmente, pero es muy poco. Yo pediría que haya sanciones dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.#VenezuelaDerrotaElAtaquepic.twitter.com/hrs6Dy6bwM
— MIPPCI (@Mippcivzla) 2 de abril de 2019
Inmunidad parlamentaria
El diputado por el estado Vargas, que fue electo en 2015, con 97.492 votos, lo que corresponde al 26,01 % del total de sufragios, pertenece a la Asamblea Nacional (AN), que se encuentra en desacato desde 2016 por incumplir una decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la desincorporación de tres diputados opositores, al considerar que fueron elegidos de forma irregular.
Por ello, todos los actos del Parlamento son nulos y carecen de validez legal desde ese año, incluida la designación de la junta directiva, que preside Guaidó desde enero de 2019.
#EnVivo ?| Pdte de la ANC. @dcabellor: Ellos nos han querido llevar a una guerra, no tienen ni la más mínima idea de las consecuencias para un país y un continente.#VenezuelaDerrotaElAtaquepic.twitter.com/M1X5qjrB5T
— MIPPCI (@Mippcivzla) 3 de abril de 2019
Debido a la situación de la AN, le corresponde a la plenipotenciaria ANC –creada en 2017 a propuesta del presidente Nicolás Maduro para desbloquear la situación parlamentaria– asumir sus competencias. Entre estas, se encuentra el poder para autorizar el allanamiento de una inmunidad parlamentaria para que el TSJ proceda con su detención y enjuiciamiento, según el artículo 200 de la Constitución venezolana.
Horas antes de que la ANC anunciara la decisión, el diputado opositor dijo a las afueras del Hemiciclo de Sesiones, donde debate este martes la AN, que la Constituyente no tenía “cualidad legal” para allanar su inmunidad. “Esto ya no es persecución, es inquisición”, afirmó.
Medidas cautelares del TSJ
El pasado lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, le pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que allanara la inmunidad parlamentaria del diputado Guaidó “por violar las medidas impuestas por el tribunal”.
3/6 Se ordenó remitir copia certificada de esta decisión al Presidente de la ANC, a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, en su condición de diputado de la AN por Vargas. pic.twitter.com/iGCfSfmHhG
— Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) 1 de abril de 2019
El 29 de enero, seis días después de su autoproclamación como “presidente encargado”, el TSJ dictó una serie de medidas cautelares en su contra, solicitadas por el Ministerio Público, que le ha abierto una investigación, entre las que se encontraban:
- Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación.
- Prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o instrumentos financieros en el territorio venezolano.
Sin embargo, el diputado del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP) no acató la restricción de abandonar el país suramericano cuando el pasado 22 de febrero salió de Caracas con destino a la ciudad colombiana de Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, donde al día siguiente intentaría infructuosamente ingresar camiones con supuesta ayuda humanitaria enviada por EE.UU., en medio de hechos de violencia propiciados por la oposición, según las autoridades venezolanas.
Posteriormente, viajó a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, donde se reunió con los mandatarios de esos países para pedirles que aumentaran la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Regresó a su país el 4 de marzo.
Investigaciones abiertas
Además, la Fiscalía venezolana ha abierto dos investigaciones a Guaidó: una por desacato a la Constitución y a los poderes públicos, tras su autoproclamación, y otra por su presunta relación con el sabotaje eléctrico que ha dejado al país suramericano sin energía por varios días.
El fiscal general Tarek William Saab explicó que, desde el pasado 22 de enero, se suscitaron hechos violentos en el país, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de Venezuela en el exterior, “lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional”.
Saab expuso que las medidas cautelares contra Guaidó “tienen basamento legal y constitucional” para desarrollar una investigación y “recabar elementos que permitan detener estos actos que han dañado la paz”.
De igual manera, el diputado venezolano ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años por la Contraloría General de la República, debido a que no ha ofrecido información sobre su situación patrimonial, a pesar de haber incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales y alojamiento en hoteles dentro y fuera del país suramericano.
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