En 2018, México registró 33.341 homicidios dolosos y 861 feminicidios, convirtiéndose en el año más violento desde que se tienen registros oficiales.
La creciente violencia significó el deterioro de la paz en 22 de los 32 estados de la República, además de representar un impacto económico que se estima en 5,16 billones de pesos (aproximadamente 268.000 millones de dólares), o el equivalente al 24 % del Producto Interno Bruto (PIB), según se desprende del ‘Índice de Paz México 2019’.
En términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41.181 pesos (2.176 dólares) por cada mexicano, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador, explica el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
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El IEP refiere en su informe que reducir la violencia en los cinco estados más pacíficos (Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo) “generaría un dividendo de paz de 2,5 billones de pesos al año (132.205 millones de dólares)”.
Las razones del retroceso
El Índice de Paz México 2019 atribuye el retroceso en los niveles de paz a una razón principal: el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó en 14 %.
El año pasado, la tasa nacional de homicidios llegó a 27,2 por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera cinco veces el promedio global.
Además del incremento de los delitos violentos, la debilidad institucional explica por qué la paz en México tuvo un retroceso de 4,9 % en 2018.
“Únicamente en 7 % de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3 % terminaron en una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97 %“, refiere el informe.
Para el IEP, México tiene una importante tarea que cumplir en cuatro “pilares de paz positiva”: buen funcionamiento del Gobierno, libre flujo de información, bajos niveles de corrupción, y distribución equitativa de los recursos.
??Al tiempo que México ha mejorado en cuatro de los ocho pilares de paz, también ha tenido retrocesos en los otros cuatro. Un pilar débil socava la capacidad de todo el sistema, ya que la fortaleza de este radica en la fuerza de todas sus partes.
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Por su parte, el informe destaca que la cooperación de la comunidad sigue mejorando, pues “la proporción de mexicanos que dicen que su comunidad se organiza para resolver problemas ha aumentado 10 puntos porcentuales desde 2012”.
Además, casi 8 de cada 10 adolescentes mexicanos se inscribieron en la escuela secundaria en 2016, lo que significó un aumento de casi 9 % desde 2011.
Entre las recomendaciones más urgentes que México podría adoptar, de acuerdo con el Instituto, se encuentra mejorar el desempeño de las fuerzas policiales y el sector judicial.
El país cuenta con 3,5 jueces por cada 100.000 habitantes, en contraste con el promedio global de 16,2.
“Este déficit limita la capacidad del sistema judicial para procesar casos, por lo que hay una acumulación de muchos sin resolver y de personas privadas de la libertad sin una sentencia”, refiere el informe.
Además, México destina tan solo el 0,81 % del PIB al orden y la seguridad pública, lo que representa la mitad de lo usual entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el analista político Víctor Manuel Quintana, las medidas que está tomando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para combatir la violencia, tendrán impacto, pero no a corto sino a mediano plazo.
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