La decisión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de incumplir un controvertido fallo de la Corte Suprema de Justicia desató una nueva crisis política en el país, que incluye denuncias penales y amenazas de un juicio político en su contra.

“Es de imposible incumplimiento”, advirtió el mandatario la noche del jueves al referirse a una sentencia del máximo órgano de justicia que revirtió una medida que Fernández tomó al principio de su Gobierno para recortarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que es gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales precandidatos presidenciales de la derecha.

Más allá de las cuestiones técnicas, el problema de fondo es el enfrentamiento que sostiene el Poder Ejecutivo con una Corte Suprema que es opositora. La disputa también forma parte de los reclamos del oficialismo para reformar un Poder Judicial que considera que funciona de manera irregular, con partidismos e intereses políticos y sin respetar la división de poderes.

En septiembre de 2020, Fernández firmó un decreto para reducir los recursos que la capital obtenía gracias a un fondo de Coparticipación Federal, un sistema de recaudación y distribución de impuestos.

El recorte representaba alrededor de 30.000 millones de pesos anuales (unos 400 millones de dólares de ese momento) que beneficiaban a Buenos Aires, el distrito más rico del país. A partir de entonces los recursos se redistribuyeron a otras provincias.

Rodríguez Larreta interpuso un amparo para impugnar la medida y, finalmente, el miércoles la Corte Suprema le dio la razón y le ordenó al Gobierno reponerle esos fondos a la capital. La oposición festejó de inmediato al considerar el dictamen como una victoria propia.

“Celebro el fallo de la Corte que le devuelve a la Ciudad lo que le corresponde. Se está terminando la prepotencia de quienes quieren llevarse por delante las leyes y las instituciones para ahogar a sus opositores. El fin del populismo está cada vez más cerca”, aseguró el expresidente Mauricio Macri.

Pero al día siguiente Fernández de reunió con 14 de los 24 gobernadores que hay en el país y anunció que no acataría la resolución.

Rebeldía

“Estamos frente a un choque de poderes”, aseguró el presidente durante una entrevista con el canal C5N en la que consideró que el fallo contradice a la Constitución, que no menciona a la ciudad de Buenos Aires como beneficiara de los fondos de coparticipación.

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“Los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder. Esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

El presidente advirtió que recusará una sentencia que es incumplible, porque el Gobierno nacional ya tiene aprobado y distribuido un presupuesto que no contempla fondos extraordinarios que tendrían que obtenerse con aumentos o creación de impuestos o con endeudamiento, algo que no está dispuesto a hacer.

Sugirió, además, que quizá esta es la forma en la que la Corte quiere financiar la campaña presidencial de Rodríguez Larreta.

Las implicaciones políticas también fueron reflejadas en el comunicado oficial que emitió el Gobierno para explicar por qué no acatará lo que ordenan los jueces supremos.

“Es un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de Gobierno de la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento”, subrayó.

Amenazas

“El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia“, acusó este viernes Rodríguez Larreta al anunciar que denunciará a Fernández y a todos los organismos que incumplan el fallo.

En tono electoral, el jefe de Gobierno aseguró que la reacción del Gobierno nacional atenta contra la seguridad jurídica y el desarrollo.

“¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, cuestionó en un mensaje en el que prometió que Argentina pronto va a cambiar para construir un país “de ley, de orden, de igualdad, de trabajo y de progreso”.

También aprovechó para sugerir que la decisión no la tomó el presidente, sino la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Si se deja presionar por la vicepresidenta es responsabilidad de él y tiene que hacerse cargo”, dijo.

Juntos por el Cambio, la coalición conservadora a la que pertenece Rodríguez Larreta, expresó en un comunicado su “más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia” del presidente ya que “representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”.

Además, aseguró que no se puede elegir si la Constitución se cumple o no. “Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad (…) no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo”, afirmó.

Los diputados Mario Negri y Graciela Ocaña, miembros de Juntos por el Cambio, advirtieron que existen las condiciones para iniciar un juicio político en contra de Fernández por desobedecer a la Corte Suprema.

La excandidata presidencial Elisa Carrión, también integrante de esta coalición, señaló por su parte que optará por la vía penal, ya que interpondrá una denuncia contra el mandatario por los supuestos delitos de “alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Pero el conflicto recién comienza, ya que tanto el Gobierno como la oposición avanzarán en una serie de denuncias que marcarán las campañas rumbo a las presidenciales que se llevarán a cabo el 22 de octubre del próximo año.

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