El Gobierno de Argentina estaría revisando la nómina del personal que trabaja en la residencia presidencial de Olivos, en interés de enviarla a la Justicia “en el corto plazo”, como parte de las acciones enmarcadas en la denuncia por violencia de género que pesa contra el expresidente Alberto Fernández, refiere TN, que cita a un funcionario.

En concreto, se pretendería precisar información sobre los datos y horarios de personal de limpieza, cocineros y meseros que cumplieron labores en el chalet y la casa de huéspedes de la quinta de Olivos, así como constancias de la atención médica que en su día recibiera la ex primera dama Fabiola Yáñez, entre los años 2019 y 2023.

Trascendió que la Casa Rosada asegura que no tiene los registros de las cámaras de seguridad de la vivienda presidencial porque no hay manera de guardar información por más de 45 días. “Las cámaras tienen un disco rígido que se elimina cada 45 días para poder seguir grabando. Algunas duran hasta 3 meses porque tienen menor definición. Del 2021 no hay nada”, explicó un funcionario.

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De acuerdo con el canal, la encargada de responder a los pedidos del fiscal Ramiro González es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pese a las deficiencias en el manejo de la información de seguridad por parte de la compañía Automation Systems, Karina Milei le renovó el contrato el pasado marzo por 30,36 millones de pesos (poco más de 32.000 dólares), a cambio de 6 meses de servicio.

Entretanto, la Justicia espera que el Ejecutivo responda eficazmente a sus demandas de información y no se ha descartado la solicitud de nuevos documentos. “Se va a analizar el material y se pedirá algo más en caso de que sea necesario”, dijo a TN una fuente familiarizada con la causa.