La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile realizó este miércoles la primera de las siete audiencias que llevará a cabo para escuchar a 34 especialistas, que defenderán o impugnarán el proyecto que despenaliza el aborto sin restricción alguna hasta la semana 14 de gestación, y que comenzó a discutirse en enero pasado.

En esta primera sesión participaron tres abogadas y un jurista que opinaron sobre la propuesta de reformar el Código Penal que desde 2017, como resultado de las luchas feministas, ya despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales: si es producto de una violación, si la vida de la mujer está en peligro o si hay inviabilidad fetal, ya que hasta entonces estaba totalmente prohibido.

La abogada de la Universidad Católica de Chile, Magdalena Ossandón, aseguró de manera reiterada que la iniciativa otorga “el derecho de matar a seres humanos”. “Tengamos cuidado, porque vamos a permitir que una persona, que puede tener razones muy poderosas, dramáticas, pueda matar a un inocente. Eso no existe para los adultos. ¿Esa tiene que ser la respuesta del Estado ante las mujeres?”, cuestionó.

También minimizó la penalización que rige en la ley al advertir que “no es tan así en la práctica” y consideró que el aborto “es un mal” porque destruye una vida humana y a las mujeres, ya que, a su juicio, violenta su cuerpo.

“Uno se pregunta si será una regulación en su favor o no, se habla mucho de autonomía y libertad y la realidad no es tal. Las mujeres en general no quieren provocarse un aborto. Cuando llegan a eso es por conflictos graves, por situaciones insuperables, porque en el fondo no tienen las opciones, los caminos”, afirmó.

Cruces

Sin mostrar estudios que comprobaran sus dichos, la abogada aseguró que el 90 % de las mujeres que abortan lo hacen presionadas por su familia y por sus parejas, ya que así “el padre de la criatura” se puede sustraer de la manutención.

“Esta legislación es más machista. La inmensa mayoría de mujeres que llega al aborto lo hace porque no tiene otras salidas, en el fondo no quiere”, dijo la abogada, quien incluso se atrevió a afirmar que la legislación buscaba proteger los “derechos de multinacionales que han hecho del aborto un negocio”. Y añadió: “Este proyecto es profundamente injusto”.

En el mismo sentido se pronunció Tatiana Vargas, abogada de la Universidad de los Andes, quien se preguntó qué preció tenía la vida y dijo que era mentira que las mujeres sean castigadas por abortar, porque el Código Penal ya contempla tres causales que son suficientes.

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Recordó, además, que la Unión Soviética fue el primer país que “introdujo el aborto libre” en 1920 y que luego Cuba siguió su ejemplo, lo que, según ella, derivó “en muchos problemas para las mujeres, daños cervicales, esterilizaciones y violencia”, un asunto históricamente desmentido por las estadísticas oficiales que demuestran que en los países en donde el aborto es legal disminuyó la muerte materna.

Aunque dijo que hay países en donde se registran “más abortos que nacimientos”, solo pudo citar el caso de Groenlandia, en donde desde 2013 se registran alrededor de 700 nacimientos y 800 abortos al año. Como ejemplo de los países que “vienen de vuelta”, mencionó a Noruega, que en 2019 aprobó la primera restricción en cuatro décadas para dificultar los abortos selectivos cuando hay varios fetos en gestación.

“Quiero invitarlos a proteger la vida de todos sin distinción, a no caer en esas lamentables consignas de ‘Black Lives Matter’porque toda la vida importa”, dijo.