España pide a la UE flexibilizar la formación del precio de la electricidad en situaciones excepcionales y se encuentra con la oposición de 11 países

España pide a la UE flexibilizar la formación del precio de la electricidad en situaciones excepcionales y se encuentra con la oposición de 11 países

España ha solicitado a la Comisión Europea poder separar los precios del mercado de la electricidad y fijar un precio límite del gas natural cuando se den situaciones excepcionales. Así lo ha plasmado en un documento en el que fija su postura de cara al Consejo de ministros europeos de Energía que se celebra este martes.

En el texto pide flexibilidad para que los Estados miembros puedan “adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas”. De esta manera, defiende que en “circunstancias extraordinarias” el precio de la electricidad se obtenga “como un precio promedio con referencia al costo de las tecnologías limpias”, particularmente las renovables, para evitar que sea “contaminado por los picos en los precios del gas”.

En el planteamiento español, el precio de la electricidad estaría “directamente vinculado a las mezclas de producción nacionales“, permitiendo que los consumidores se beneficien de una generación más barata a la vez que estarían menos expuestos a las volatilidades extremas.

Poner freno al gas

La segunda pata de la propuesta española consiste en el establecimiento de un precio límite para la electricidad producida por gas natural, aunque admite que esta medida requeriría de “una compensación posterior que se recuperará en una fecha posterior”.

Pero también trabajando en Europa, con nuestros socios y la @EU_Commission en un marco europeo adecuado, corrigiendo y actualizando lo que no funciona. Los combustibles fósiles, crecientemente caros,no pueden lastrar ni distorsionar los beneficios de la transición energética(4/n)

— Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) July 21, 2021

Además, insiste en su sugerencia, ya expresada con anterioridad, de crear una plataforma europea centralizada para la compra de gas natural, así como de reservas estratégicas comunitarias.

El paquete se completaría con “contratos de opciones” asignados a productores de gas de terceros países mediante subastas comunitarias y con medidas para la prevención de la especulación financiera en los mercados de emisiones, como el de los derechos de CO2.

11 países en contra de intervenir en la electricidad

Por el momento España se ha encontrado con la oposición de 11 países: Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Países Bajos emitieron una carta conjunta en la que descartaban intervenir en los mercados de electricidad y gas. A esta misiva se sumaron poco después Bélgica y Suiza.

Por su parte, España señala que “cada euro de más por megavatio en el precio del gas natural representa 2.700 millones de euros al año en costes de electricidad adicionales para todos los consumidores europeos, desviando recursos de la transición energética y recuperación económica”.

El compromiso que sí fue arrancado hace pocas semanas con la presión de varios países, liderados por España, Francia e Italia, es el de revisar la situación energética en diciembre, cuando se presentarán propuestas legislativas y se prevé que salga adelante la medida que es vista con mejores ojos: la compra conjunta de gas.

Poco entusiasmo de la comisaria europea de Energía

Tras la reunión de los ministros de Energía de los 27, la comisaria de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, ha afirmado que duda de que la propuesta española sea una “mejor alternativa” al diseño actual.

“Cambiar el modelo actual supone riesgos para la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a energías limpias”, ha sostenido la comisaria en rueda de prensa. Además, ha añadido que “el modelo actual garantiza en todo momento que se ajusten la oferta y la demanda y es muy importante para la seguridad de suministro”.

Aún así, Bruselas evaluará las nuevas ideas planteadas por España y responderá al departamento de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

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