Queda descartado el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel. Las penas solicitadas ahora suman un mínimo de 14 años.
La Abogacía del Estado acusará este viernes a los líderes independentistas catalanes que participaron en la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017 de sedición y malversación, descartando finalmente el delito de rebelión. Las penas solicitadas ahora suman un mínimo de catorce años de prisión, mientras que el delito de rebelión prevé hasta treinta años de cárcel.
Según informa eldiario.es, la decisión de la Abogacía se cimentó en una reunión que mantuvieron varios miembros del Gobierno español el pasado lunes.
Desde el Ejecutivo, varias voces a lo largo de las últimas semanas –incluidas la del propio presidente, Pedro Sánchez, y la de la vicepresidenta Carmen Calvo– habían declarado que no apreciaban delito de rebelión, al no haberse producido un alzamiento violento.
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