El Gobierno de Venezuela rechazó este martes una iniciativa de ley aprobada en la Cámara de Representantes de EE.UU. porque ha sido bautizada con el acrónimo de Bolívar “en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana”.

En un comunicado, la cancillería venezolana consideró que el uso del apellido de Simón Bolívar se hizo “de manera desvergonzada“, al tener en cuenta que el Libertador “dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal”.

Más allá de las cuestiones simbólicas, Caracas también denunció que el proyecto de ley pretende “impedir el relacionamiento y la cooperación económica” entre Venezuela y EE.UU., lo que a su juicio está “en franca violación“ de los preceptos rectores de Naciones Unidas, al sumarse a “las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales en contra del pueblo venezolano y del propio sistema empresarial estadounidense”.

¿Qué dice el proyecto?

El lunes, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que prohíbe las operaciones con el Gobierno de Venezuela, impulsada por los congresistas Mike Waltz y Debbie Wasserman Schultz.

“La Ley BOLÍVAR complementa las sanciones existentes al prohibir al Gobierno de EE.UU. contratar con cualquier persona que tenga operaciones comerciales” con el Ejecutivo venezolano, refiere un comunicado de prensa en la web de Waltz.

Maduro descarta diálogo con “el fascismo” y abre la puerta para negociaciones con EE.UU.

El texto oficial del congresista califica de “ilegítimo” al presidente Nicolás Maduro y adelanta que, bajo ese nuevo paraguas de ley, no habrá negociaciones con “cualquier gobierno sucesor” que no sea “reconocido” por Washington.

Para Caracas, “esta nueva arremetida tendrá asegurado su fracaso, como todas las ridículas aventuras a las cuales han sometido al gobierno de los Estados Unidos, incluido el estrafalario apoyo a Juan Guaidó en el año 2019″.

Ante ese escenario, el gobierno venezolano exhortó a los órganos de la Naciones Unidas, así como a la comunidad internacional, “a condenar este acto ilegal y violatorio de la soberanía nacional”.