El gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana, consiguió la aprobación y publicación de la Ley Marco de Empleo Público, un proyecto que fue destacado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la reactivación de un crédito por más de 1.700 millones de dólares, pero que fue rechazado por sindicatos de la nación centroamericana.

El martes, Alvarado Quesada firmó la Ley N.° 10159 como parte de la “consolidación fiscal” que impulsa su administración. De acuerdo con el mandatario, el proyecto busca “mejorar las finanzas estatales” y “modernizar la gestión pública”.

El aspecto más relevante es que establece un salario global para todos los servidores públicos nuevos que ingresen al sector. Esta medida aplica para “todas las instituciones públicas, salvo a los entes públicos no estatales y las empresas públicas en competencia”, según detalló la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido.

De acuerdo con el gobierno de Alvarado Quesada, al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global, se podrían “reducir las inequidades salariales existentes entre personas servidoras públicas que realizan las mismas funciones”. Entre los principales beneficios es que estiman que “generaría un ahorro al Estado de entre 0,81% y 1,04% del PIB al año“.

Postura de sindicatos

Sin embargo, desde el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) señalaron que la entrada en vigor de la reforma tendrá como consecuencia la “precarización de las familias de la clase trabajadora”, ya que obligaría al personal docente a “buscar otros trabajos”.

“El salario único es un monto que se establecería bajo criterios arbitrarios y opacos, donde no se garantiza un ingreso justo para las personas trabajadoras”, destacaron en un comunicado previo a la aprobación de esta Ley en la Asamblea Legislativa, la cual se tramitó el lunes pasado con 39 votos a favor y 13 en contra.

“Se trata de un monto fijo, es decir, que queda congelado en el tiempo, ocasionando que las familias pierdan de manera progresiva su capacidad de consumo, con la consecuente afectación de su calidad de vida”, explicó el Sindeu.

Asimismo, el Sindeu advirtió que el proyecto terminaría por destruir “los espacios de negociación colectiva, como la Comisión Negociadora de Salarios, donde los sindicatos podemos defender los legítimos derechos de las personas trabajadoras”.

Beneplácito del FMI

Pese a que la Ley N.° 10159 entrará en vigencia hasta el 9 de marzo de 2023, el FMI ya otorgó su beneplácito al gobierno de Alvarado Quesada en el marco de un crédito solicitado por esta nación por 1.778 millones de dólares“para apoyar la recuperación de Costa Rica y estabilizar su economía“.

La entrega del crédito había quedado congelada tras un primer desembolso de 293 millones de dólares.

En tanto, tras la tramitación de la ley, el Fondo Monetario Internacional destacó que las autoridades de Costa Rica realizaron “avances importantes”. En un comunicado publicado este martes, el organismo apuntó que la aprobación del proyecto por parte de la Asamblea Legislativa “representa un avance importante para mejorar la equidad y la eficiencia de la administración pública”.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) han advertido que podrían acudir a organismos internacionales. “Vamos a poner a Costa Rica en el banquillo de los acusados a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, anunció el secretario general de Anep, Albino Vargas.

Números verdes, manejos grises: ¿qué ha pasado en El Salvador seis meses después de la apuesta de Bukele por el bitcóin?

Elección presidencial y el ‘futuro’ de la ley

De momento, hay incertidumbre sobre el desenlace de esta ley porque será hasta 2023 cuando entre en vigor y para ese momento habrá otro presidente, ya que el próximo 3 de abril se celebrará la segunda vuelta entre el exmandatario y candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, y su rival, Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PSD).

Chaves ya ha anunciado que vetaría esta ley. El pasado 22 de febrero, el exministro de Hacienda dijo a sindicatos que, en caso de que la normativa pase, “habría que vetarla”.

“Mi interés es renegociar con el FMI con medidas que tienen que ver con reducir la evasión, yo propuse el primer sistema digital de Hacienda para mejorar la evasión en Costa Rica; mejorar el sistema de exenciones, no a las zonas francas”, apuntó, según reportaron medios locales.