El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. enfrenta nuevos desafíos, luego de que una demanda judicial busque desmantelarlo.

Dicha política, aprobada hace 10 años, permite que inmigrantes indocumentados llevados a EE.UU. siendo menores de edad, conocidos como ‘dreamers’, trabajen o asistan a la escuela sin temor a ser deportados.

“Algunos de los retos que enfrentan los ‘dreamers’ y otros que podrían ser elegibles para DACA por primera vez, son la incertidumbre de lo que sucederá con el programa, ¿cuál será su futuro?”, señaló Samantha Howland Zelaya, vicepresidenta de política y defensa del National Immigration Forum.

“No ha sido nada fácil. Hemos estado en la corte básicamente desde que el programa inició luchando para que este pequeño pedazo de alivio no sea desechado por las cortes”, afirmó Antonio, beneficiario del DACA.

La administración de Donald Trump intentó sin éxito desmantelarlo, y ya en el 2018 Texas presentó una demanda contra su legalidad. En julio del año pasado, un juez de ese estado bloqueó nuevas solicitudes, lo que supuso dejar desprotegidas a 80.000 personas elegibles.

Por otro lado, en caso de que el programa sea declarado ilegal, EE.UU. podrá perder hasta 22.000 trabajadores cada mes durante 2 años. Según la Casa Blanca, aproximadamente 343.000 beneficiarios del DACA trabajan en industrias consideradas esenciales en el país.