La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha tildado de “prepotente” al presidente del país, Guillermo Lasso, al tiempo que lo acusa de cerrar “toda opción de diálogo” para resolver los problemas económicos que aquejan a la mayoría del pueblo ecuatoriano.
La disputa entre ambas partes comenzó el pasado miércoles, cuando la Conaie presentó en rueda de prensa varias demandas económicas urgentes al Gobierno ecuatoriano, entre ellas la derogatoria de los decretos ejecutivos 1158, 1183 y 1054, que permitieron la liberalización de los precios de los combustibles y su variación —con incremento— de precio mensualmente.
Elevamos a la sociedad ecuatoriana, al gobierno nacional y a los demás poderes del Estado, los temas económicos urgentes, debido a la situación alarmante de las familias pobres del campo-ciudad que cargan el peso de la crisis.Aquí el video completo?https://t.co/jDxtk33pQOpic.twitter.com/08Xe8njt1w
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 4, 2021
Ese día, el presidente de la Conaie,Leonidas Iza, dijo que la organización daba de plazo a Lasso hasta el martes 10 de agosto para que se pronunciara sobre una propuesta que presentarían para que se deroguen esos decretos; así como sobre su petición relativa al cese de toda política que permite la explotación mineray sobre la congelación por al menos un año del cobro de los créditos que han adquirido los indígenas y campesinos con las entidades bancarias.
La respuesta de Lasso
La noche de ese mismo miércoles, el presidente Lasso, durante la presentación de la Estrategia Ecuador Emprendedor, Innovador y Sostenible 2030, dijo —sin mencionar nombres de dirigentes ni organizaciones— que su Gobierno no está “pintado en la pared” y que no hará lo que “ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano”.
“Aquellos que dicen representar a los pobres del Ecuador, ¿qué es lo que quieren? Quieren combustibles más baratos, ¿para qué? […] ¿para que vaya a quién?, ¿a los ricos, a los contrabandistas o a los narcotraficantes?”, cuestionó el mandatario.
“Este Gobierno está dispuesto a hacer todos los esfuerzos para proteger la economía de los más vulnerables, de los más pobres del Ecuador. Pero vamos a hablar claro, nosotros los representamos a ellos, no aquellos que se visten como pobres, pero son mercantilistas, capitalistas”, declaró Lasso en su discurso. Y añadió: “Solo buscan la desestabilización de la democracia con fines simplemente protervos”.
La réplica de la Conaie
Ante estas declaraciones, la Conaie emitió este viernes un comunicado en el que califica la respuesta del mandatario de “prepotente” y asegura que cierra toda posibilidad de diálogo.
[Comunicado]El #GobiernoDelEncuentro responde con prepotencia y cierra toda opción de diálogo para resolver los problemas económicos que aquejan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. #EnUnidad#SomosConaiepic.twitter.com/KVJdg1ywEh
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 6, 2021
En particular, el texto subraya que la actitud es una “auténtica característica de los gobiernos que representan a las élites y no sienten de cerca los problemas de las mayorías”.
“Esto es una muestra de los intereses a los cuales se debe, que poco o nada tienen que ver con las condiciones reales del pueblo”, agrega.
Asimismo, la Conaie reivindica que su derecho a la resistencia está contemplado en las leyes del país, para el caso de que el Gobierno ecuatoriano “pretenda hacerse de oídos sordos y seguir negándose a dialogar con todos los sectores organizados”.
Esta semana, además de la Conaie, se pronunciaron el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) para anunciar que el próximo miércoles, 11 de agosto, llevarán a cabo una jornada nacional de movilización para pedir “el congelamiento” del precio de los combustibles, en rechazo a la privatización de instituciones públicas y a la falta de empleo.
Paralelamente, desde el pasado 12 de julio, decenas de maestros, que han recibido el respaldo de la FUT y la Conaie, realizan una huelga de hambre para exigir que la Corte Constitucional ratifique la constitucionalidad de las reformas hechas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y pedir el reintegro de los educadores desvinculados de sus puestos de trabajo durante la pandemia del coronavirus.
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