El Gobierno de Chile desplegará la Ley de Seguridad del Estado tras las infructuosas reuniones con los camioneros que iniciaron el lunes una huelga para pedir mayor seguridad y protestar por el alza de los combustibles.

“No es aceptable, no lo vamos a tolerar”, comentó a la prensa la vicepresidenta Carolina Tohá. “El gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este, y eso es un hecho”, anunció.

Con esta ley se abordan distintos delitos, entre ellos el que atenta contra la normalidad de las actividades nacionales. En concreto dice que “toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública” que produzcan alteraciones o perturbaciones “será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio”.

Visiblemente molesta, Tohá dijo que el Ejecutivo realizó “todos los esfuerzos” para “evitar el conflicto”.

“El lunes hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas”, explicó.

Pese a ello, después del lunes –prosiguió– ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras, lo que ha afectado a las personas, a la circulación y al abastecimiento en distintos puntos del país.

En sintonía, el presidente Gabriel Boric afirmó desde México que si los camioneros “siguen haciendo daño”, el Gobierno está dispuesto a actuar “con toda la firmeza de la ley”.

“Chile entero está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía en momentos de reactivación”, dijo el mandatario a Radio Biobío.

Para Boric, el gremio desconoce el acuerdo alcanzado con su administración y por eso cree que no hay “ningún argumento para que el paro continúe”.

“Como presidente, he instruido a los ministros que utilicemos todas las herramientas del derecho para proteger el funcionamiento del país y proteger a los sectores más vulnerables”, indicó.

27 querellas contra los movilizados

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que se preparan 27 querellas contra los transportistas movilizados, y 13 de ellas ya han sido presentadas en tribunales de Arica o Valparaíso.

Monsalve añadió que se ha pedido a Carabinero despejar las rutas cortadas por los camioneros, especialmente en las regiones del norte, las más afectadas por la huelga.

“Las medidas que el gobierno ha comprometido, los 1.500 millones para el Mepco [Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles], el costo fiscal que implica congelar el precio del diésel, no es gratis,lo pagan todos los chilenos que pagan impuestos”, aseveró.