Tres civiles, dos de ellos funcionarios de la Fiscalía General de Colombia, y un soldado del Ejército Nacional fueron liberados este domingo en el departamento colombiano del Cauca por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias del país sudamericano (FARC), reportó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las cuatro personas se encuentran en buen estado de salud, detalló el CICR, que recibió a los liberados.

Los tres civiles fueron secuestrados en una carretera rural por el frente Dagoberto Ramos del EMC el pasado 19 de abril. Se trata de Betty Mage y Gersón Rivera, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y de María Yeni Ruiz, una civil que los acompañaba.

El soldado fue identificado como Yiner Kevin Noscue Largo, según un comunicado del EMC, que está bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. En el texto, denuncian que la liberación se había demorado por las operaciones militares ofensivas llevadas a cabo contra ellos desde que el Gobierno suspendió el pasado marzo el cese al fuego en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle con esta estructura, dejándola fuera de la mesa de diálogos.

Los insurgentes acusan a “sectores militares de Colombia” de impedir el desarrollo de las condiciones “mínimas” para la liberación de los secuestrados, que —aseguran— “tuvieron que soportar las dificultades propias que trae una ruptura de cese al fuego y la declaratoria de ‘guerra total’ contra nuestra organización”.

A continuación, el grupo armado denuncia que la “intransigencia” del presidente Gustavo Petro “no lleva a ningún lado”. “Las decisiones apresuradas que tomó contra las FARC que llevaron a la ruptura del cese al fuego, los señalamientos constantes contra nuestros comandantes y su vano intento de sostener una mesa de diálogo con una minoría que no hace parte de las FARC y no representa ni el 5 % de nuestra fuerza guerrillera, es un mal camino”, asevera.

Por su parte, la Fiscalía celebró la liberación de sus funcionarios y reiteró su rechazo al “secuestro, hostigamiento y ataque violento de cualquier índole con los servidores judiciales”, ya que constituyen ataques contra “la integridad de la Justicia” colombiana.