Con apenas 11 años una niña argentina había quedado embarazada producto de una violación. A pesar de que su caso está contemplado en la ley para acceder a un aborto legal, este le fue negado por las autoridades políticas y sanitarias y finalmente se le practicó una cesárea en la semana 23 de gestación.
El caso de ‘Lucía’, como se denominó a la menor para preservar su identidad, llegó a instancias internacionales. El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunció lo sucedido ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
#Argentina ??
@ONU_derechos insta al Estado a garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo a mujeres y niñas de forma segura.Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos humanos #IStandWithHer
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— ONU Derechos Humanos (@ONU_derechos) 7 de marzo de 2019
Birgit Gerstenberg, representante de ACNUDH para América del Sur, señaló a través de un comunicado que “la no prestación de determinados servicios a mujeres y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos“.
La funcionaria añadió que “la demora injustificada” de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) “por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud“. Ambas instituciones “estaban obligadas a garantizar” el aborto a la niña “de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo”, agregó.
Finalmente, desde la ACNUDH se insta al Estado argentino a “adoptar medidas proactivas para garantizar que las leyes, regulaciones y prácticas pertinentes respecto a las objeciones de conciencia por parte del personal médico” para que “no obstruyan el acceso rápido y efectivo a la ILE, asegurando un trato profesional y respetuoso de la dignidad de todas las mujeres que requieran ese servicio”.
El caso de ‘Lucía’ y la denuncia contra el gobernador
La semana pasada una niña de 11 años, oriunda de la provincia argentina de Tucumán, fue obligada a dar a luz en la semana 23 de gestación. La menor, había sido víctima de una violación por parte de la pareja de su abuela y, tal como estipula la legislación argentina, podía acceder a un aborto.
Si bien ‘Lucía’ había pedido que se le practicara la interrupción legal del embarazo -de acuerdo al artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921- y contaba con el aval de su madre, este no se llevó a cabo.
Funcionarios políticos de la provincia y miembros del personal de salud demoraron deliberadamente la intervención, lo que vulneró los derechos de la niña. Finalmente, por lo avanzado del embarazo, se le debió practicar una cesárea.
A partir de estos hechos, este miércoles se presentó una denuncia penal por “abuso de autoridad” contra el gobernador de Tucumán, Juan Manzur; la ministra de Salud de esa provincia, Roxana Chalha; el secretario de la misma cartera, Gustavo Vigliocco; y la directora del Hospital Este Eva Perón, donde se llevó a cabo la cesárea, Elizabeth Ávila, entre otros funcionarios.
La acción judicial es impulsada por las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti. La medida fue respaldada por dirigentes políticas y feministas como Ofelia Fernández, Cecilia ‘Checha’ Merchán, María Luciana Moreno, María Fernanda Fernández y Victoria Freire.
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