En marzo de este año se inició en Perú el juicio por las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas cientos de miles de personas, especialmente, mujeres durante el último mandato presidencial de Alberto Fujimori. Sin embargo, al día de hoy, se denuncian demoras en las investigaciones, mientras que los culpables siguen sin castigo.
“Este proceso, como todo en este país lamentablemente, está siendo muy lento y los procesados además siguen impunes”, asegura Anahí Durand Guevara, socióloga y exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Para las víctimas, la falta de justicia es uno de los aspectos más dolorosos. En este momento, uno de los objetivos primordiales es que el expresidente Fujimori sea juzgado por estos crímenes. Pero para ello, es necesario que Chile amplíe la lista de delitos por los cuales se produjo su extradición en 2007.
El programa de control de natalidad en Perú fue implementado como una medida para combatir la pobreza, según alegó en su momento la Aministración del exmandatario. Se estima que entre 200.000 y 300.000 mujeres fueron víctimas de cirugías no consentidas. La mayoría de ellas, de lengua materna quechua, era de origen campesino.
El objetivo de la política no era acabar con la pobreza, sino que “era acabar con una población, y básicamente población quechua hablante pobre, porque a partir de ahí podían nacer terroristas, según ellos [el Gobierno de Fujimori]”, afirma María Esther Mogollón Piqué, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.
El caso es considerado una de las más escandalosas muestras de violencia contra la comunidad nativa y pobre del país. Las mujeres que fueron sometidas al procedimiento llevan más de 25 esperando años una sentencia y una petición de perdón. Para ellas, sería una muestra clara por parte del Estado de que este sombrío capítulo en la historia del país no se volverá a repetir.
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