Este fin de semana ha ocurrido un intenso choque institucional entre el Gobierno dimisionario de Ariel Henry y las organizaciones implicadas en la formación del nuevo Consejo de Transición Presidencial (CTP) que deberá asumir el poder y conducir al país a nuevas elecciones.

La colisión se produjo después de que el pasado 12 de abril se publicara el decreto de creación del CTP por parte del Gobierno presidido por Henry. Las nueve organizaciones políticas y de la sociedad civil que han designado representantes al nuevo órgano de transición han protestado enérgicamente por los cambios introducidos.

En un comunicado de prensa emitido un día después, las nueve estructuras manifiestan sentirse “profundamente conmocionadas” al conocer el contenido del documento y denuncian “la introducción de modificaciones importantes que distorsionan el proyecto consensuado de un Ejecutivo bicéfalo llevado por el Consejo de Transición Presidencial”, según el texto difundido por Haití Libre.

De acuerdo con los participantes en la formación del CTP, “el primer ministro impedido y su Gobierno dimisionario han elegido deliberadamente no respetar los compromisos que han suscrito”.

Requisitos de los miembros del CTP

La piedra angular del enfrentamiento descansa en las condiciones que se definieron en la reunión del pasado 11 de marzo, cuando Henry anunció su dimisión, que debían cumplir los representantes designados para integrar los nueve puestos del Consejo de Transición.

Entonces se eliminaron, de manera excepcional, requisitos que constaban en la Constitución, mientras que el nuevo decreto los ha recuperado.

Además, las nueve organizaciones recuerdan que Ariel Henry llegó al poder en “circunstancias excepcionales”, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, y que se mantuvo en el poder durante 33 meses en esas condiciones.

“Estas circunstancias excepcionales se han agravado con la pérdida de territorios, las avalanchas de desplazados internos, la interrupción de los circuitos de suministro del país, el mal funcionamiento de la administración pública, etc.”, reseña el comunicado.

En opinión de los firmantes, todo ello justifica tanto la creación del Consejo de Transición Presidencial como el establecimiento de un Gobierno de rescate y unidad nacional liderado por un nuevo primer ministro de consenso, de conformidad con los compromisos asumidos en presencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) por el Gobierno de facto.

Los líderes de estas organizaciones sostienen que ningún miembro del Gobierno en funciones habría podido ser elegible para ministro o primer ministro basándose en las disposiciones de la Constitución, y que lo fueron gracias a dos acuerdos políticos excepcionales (de 11 de septiembre de 2021 y 21 de diciembre de 2022).

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Los signatarios concluyen exigiendo “el estricto cumplimiento de los compromisos que el Gobierno dimisionario suscribió durante el proceso político liderado por la Caricom”.

En el decreto publicado el viernes, el Consejo de Ministros no nombró a los miembros del Consejo de Transición Presidencial, sino que, para garantizar el cumplimiento de la Constitución invitó a los actores implicados a presentar la documentación necesaria para su examen antes de su nombramiento, además de acreditar que ninguno de los candidatos esté sancionado por la ONU ni se oponga a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que autoriza el despliegue de una misión multinacional de seguridad en Haití.

Por su parte, las organizaciones interesadas exigen que se publique directamente los nombramientos, sin verificación del pasado, como medida excepcional.

Si bien Ariel Henry anunció su renuncia y la de su Administración el 11 de marzo, todavía no se ha hecho efectiva y, de hecho, el polémico decreto del 12 de abril estipula que “el primer ministro presentará la dimisión de su Gobierno tras el nombramiento de un nuevo primer ministro”.