El reciente reconocimiento de la Unesco del sistema ancestral de saberes de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región Caribe colombiana, como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, ha sido propicio para la celebración y para la revisión de la situación de violencia que afrontan los territorios originarios en el país.

Los cuatro pueblos inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad son los arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa.

Sus integrantes, tras años de dedicación, adquieren los saberes necesarios “para comunicarse con los nevados, conectarse con el conocimiento de los ríos y descifrar los mensajes de la naturaleza”, según refiere la página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

“Su sistema ancestral de conocimiento implica el cuidado de los lugares sagrados y la participación en rituales de bautismo, ritos matrimoniales, danzas y cantos tradicionales, y retribuciones u ofrendas a los poderes espirituales”, detalla el organismo internacional.

Esta sabiduría ancestral “juega un papel fundamental para proteger el ecosistema de Sierra Nevada y evitar la pérdida de la identidad cultural de los cuatro pueblos de la región”, afirma la Unesco.

Reacción del Gobierno

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, quien también es presidente de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco, celebró la decisión del organismo internacional y manifestó su disposición de acompañar a los cuatro pueblos originarios en la implementación del ‘Plan Especial de Salvaguardia’ de sus conocimientos ancestrales.

Leyva afirmó que en la gestión de Gustavo Petro se avanzará de “manera decidida” para que la Sierra Nevada de Santa Marta, que compone los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, sea declarada como Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad.

En su escrito, el canciller hizo además un reconocimiento a la labor de la representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, Leonor Zalabata, y “su amplio conocimiento, destacada trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia”.

Zalabata es una líder indígena arhuaca perteneciente al pueblo ika de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La decisión ha sido aplaudida ampliamente por el presidente colombiano, quien el pasado 5 de agosto participó en una toma de posesión simbólica realizada en la Sierra Nevada, y que fue dirigida por mamos o guías espirituales pertenecientes al pueblo arhuaco.

En entonces candidato hizo su cierre de campaña en una zona de esa cordillera que se encuentra sobre el Caribe colombiano y aseveró que se había llenado “de las energías ancestrales”. “Me bautizaron como el presidente del corazón del mundo“, escribió en un trino.

“Riesgo de desaparición física”

Aunque la Defensoría del Pueblo se unió al regocijo por la declaración, recordó que entre 2018 y este año ha emitido “siete alertas que advierten riesgos para la población indígena de Magdalena, Cesar y La Guajira”.

Para esta institución, los pueblos originarios que se asientan en la Sierra Nevada de Santa Marta “se encuentran en riesgo de desaparición física y cultural”, por causa de “la acción violenta de los grupos armados”.

En la región Caribe, donde se encuentra la Sierra Nevada,además de los grupos ilegales y armados, existen sectores políticos y económicos que han cometido acciones criminales para favorecer sus intereses, lo que ha causado el asesinato de líderes ambientales y sociales y el desplazamiento. En esta área viven 818.650 indígenas de los pueblos arhuaco, wayuu, wiwa, yukpa y zenú, entre otros.

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebró en sus redes la declaratoria y expresó que “continúa trabajando por el respeto de las prácticas culturales, el afianzamiento de las capacidades jurisdicciones de los pueblos, y los procesos de armonización”.

En septiembre de este año, la JEP abrió el caso 09, que investiga los crímenes contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Fuerza Pública, agentes del Estado y civiles armados.

Hasta ahora, la Sala de Reconocimiento recibió 977 informes, de los cuales 475 narran victimizaciones y afectaciones contra esas comunidades.

Durante una diligencia de diálogo intercultural con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y las zonas de influencia para hablar sobre el caso 09, la JEP determinó que hubo 375.967 víctimas étnicas, entre las que se encuentran indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y miembros del pueblo Rrom o gitano.

En el encuentro, por el pueblo wiwa, tomó la palabra una mayora –término con el que las comunidades originarias identifican a las mujeres que los guían de manera espiritual– para recordar que hablar de justicia hay que aludir también al “cuerpo y el territorio de la mujer”, que también fue vulnerado.

¿Se puede parar el “exterminio”? Las demandas urgentes (y las propuestas de Petro) para los indígenas de Colombia

“Necesitamos que la justicia restaurativa avance en el restablecimiento de nuestros espacios sagrados y cultivos tradicionales”, pidió.

Del mismo modo, recordó que producto de la violencia hay mayoras y niñas que fueron abusadas sexualmente. “La Justicia tiene que ocuparse de esto y de las consecuencias. Muchas tuvieron hijos producto de esto y no han podido hablar, no han sido escuchadas“.

En el Capítulo Étnico del Acuerdo de paz se reconoce que los pueblos originarios “han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos”.

Además, han sido afectados “gravemente” por el conflicto armado, lo que no ha impedido que hayan “contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país”.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!