La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina fijó para el 13 de noviembre la audiencia para dar a conocer su decisión sobre el fallo de la denominada causa ‘Vialidad’, en la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de corrupción en la asignación de una obra pública.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país dará a conocer ese día, a las 10:00 de la mañana [hora local], si confirma, revoca o modifica la sentencia contra la exmandataria, así como las penas impuestas a otros acusados en el caso, reseña Noticias Argentinas, que cita a fuentes judiciales.
La fecha fue establecida por los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, luego de rechazar los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la expresidenta.
En la causa ‘Vialidad, Fernández de Kirchner fue sentenciada por el Tribunal Oral Federal N° 2, a principios de diciembre de 2022, a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El juicio se extendió por tres años y medio.
La exmandataria fue encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
En el juicio, la expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
También fueron condenados entonces, con penas de entre tres y seis años de cárcel, Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz.
La condena fue apelada por la defensa de Fernández de Kirchner y del resto de los acusados; pero también por la Fiscalía, que pide agravar la condena y considerar el delito de “asociación ilícita”.
La expresidenta ha sostenido que la acusación fue montada en una “feroz campaña política y mediática” para perjudicarla y, además, ha mencionado que la causa, al igual que otros procesos en su contra, forman parte de una persecución judicial o ‘lawfare’ con el objetivo de “proscribirla” políticamente.
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