El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó este viernes una demanda ante un tribunal federal para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. aplique una política que permitiría liberar a cientos de miles de extranjeros ilegales en el país norteamericano, horas después de que caducara oficialmente la norma conocida como Título 42.

México reporta menor flujo de migrantes en la frontera con EE.UU. tras el fin del Título 42

A la demanda de Texas se sumaron otros 12 estados: Alabama, Arkansas, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental.

La coalición solicitó una orden de restricción temporal contra la normativa, según la cual los inmigrantes quedarían en libertad condicional por motivos humanitarios, bajo ciertas “condiciones”, si el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras se enfrenta a una situación de saturación, es decir, si los agentes llegan a detener a 7.000 personas al día en un lapso de 72 horas o si el tiempo medio de detención supera las 60 horas.

Así, esas personas serían liberadas sin fecha de comparecencia ante un tribunal y sin número de registro como extranjero, y solo se les exigiría concertar una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o solicitar por correo un aviso de comparecencia ante un tribunal.

“No hay palabras que puedan describir plenamente la catástrofe sin atenuantes que [el presidente de EE.UU.] Joe Biden ha creado en nuestra frontera sur”, declaró el fiscal Paxton. “Es la destrucción sistemática, deliberada e intencionada de la seguridad fronteriza estadounidense”, dijo al condenar la política que entró en vigor este 12 de mayo.

“El esfuerzo de Biden por someter a las comunidades de Texas a los costos y el caos de una inmigración ilegal interminable y fuera de control no quedará sin respuesta. Vamos a llevarlo ante los tribunales para detener esta política ilegal”, aseveró el principal demandante.

Esta política de la Casa Blanca, tachada por Paxton de “una locura”, se enfrentó el pasado jueves a otra demanda: la de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien argumentó que la normativa es demasiado similar a la de “libertad condicional + ATD”, prohibida por un juez federal en marzo.

La Administración de Biden, por su parte, se ha opuesto firmemente al bloqueo. En una presentación en respuesta a la demanda de Florida, sus abogados afirmaron que el impedimento de la nueva normativa podría provocar el caos en la frontera, hasta acumular unos 45.000 inmigrantes bajo custodia para finales de mayo.

Original Source