Cinco mujeres presentaron el martes por la mañana una querella criminal en el juzgado de guardia de Barcelona contra un agente del Cuerpo Nacional de Policía infiltrado que durante tres años estableció relaciones sexoafectivas con diferentes activistas como medio para acceder a los movimientos sociales de la capital catalana, según denuncian las afectadas.

Las mujeres han asegurado a Directa, medio que destapó el caso, que ninguna de ellas habrían establecido esas relaciones si hubieran sabido que era policía. Consideran que se han visto vulnerados sus derechos fundamentales y acusan al agente, a su superior y al Ministerio del Interior de España, como responsable civil subsidiario, de varios delitos: abusos sexuales, contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

La querella ha sido impulsada por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia y el sindicato CGT, al que está afiliada una de las denunciantes. Sostiene que la conducta del agente “no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración”, sino que además “traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de esas mujeres y su autonomía sexual“.

Asimismo, se argumenta que el consentimiento para las relaciones sexuales “depende de la información de que disponga una persona y de las circunstancias que envuelvan aquella interacción sexual concreta”, por lo que “la información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual son inseparables del consentimiento sexual“.

Una de las abogadas, Laia Serra, hizo énfasis en la “violencia institucionalizada sexualizada” y denunció “la insuficiencia del marco legal y la opacidad de estas prácticas que se proyectan hacia mujeres aprovechándose del sistema relacional y utilizando sus cuerpos y prácticas sexuales para acceder a información y espacios políticos”.

Otra de las letradas, Mireia Salazar, afirma que se produjo “un exceso en todos los límites éticos y legales” y que las querellantes fueron “instrumentalizadas”, lo que les generó un “sufrimiento innecesario”.

Las denunciantes piden que se proceda al interrogatorio del policía D.H.P., de su superior jerárquico y del máximo responsable de la Comisaría General e Información de la Policía Nacional en el momento de los hechos.

También solicitan que se informe sobre qué juzgado autorizó la creación de la actividad encubierta, así como para qué investigación, con qué periodo y con qué objetivo, si estaba previsto el mantenimiento de relaciones sexuales y afectivas con activistas y si la Comisaría General de Información tuvo conocimiento de todo ello.

Tres años de infiltración

La infiltración comenzó con la llegada a Barcelona en mayo de 2020 de Daniel Hernández Pons, nombre falso del agente encubierto cuyas iniciales coinciden con las de su nombre real. Se había graduado como policía tan solo un año antes y tenía 31 años.

Según el medio catalán que ha destapado el caso, fue a principios de junio de ese año cuando se presentó por primera vez en el centro social okupado La Cinétika, en el paseo de Fabra y Puig de Barcelona. En seguida se implicó en la vida del barrio y fue cambiando su estética poco a poco, haciéndose tatuajes, poniéndose pendientes y llevando una cresta en el pelo.

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El agente logró acceso a viviendas, centros sociales, ateneos, asambleas y otros espacios de los movimientos sociales barceloneses en gran medida gracias a las relaciones afectivo sexuales que estableció al menos con ocho mujeres, con dos de las cuales llegó a tener una relación de pareja estable.

Bajo esa tapadera se enfrentó a los Mossos d’Escuadra, la Policía regional catalana, durante las protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasél, estuvo presente al menos en cuatro desahucios para intentar pararlos y llegó a ser sancionado en una ocasión con 600 euros en aplicación de la conocida como Ley Mordaza.

Según relata Directa, el caso de Daniel Hernández Pons no es aislado, sino que también ha documentado la infiltración de otro agente en las mismas fechas, en este caso bajo el falso nombre de Marc Hernández Pons, haciendo coincidir los apellidos de los dos policías.

Un precedente europeo

Esta acción judicial contra un policía infiltrado tiene al menos un precedente europeo. A principios de 2022, una sentencia en el Reino Unido dictaminó que las actividades del agente encubierto Mark Kennedy en la vida de la activista Kate Wilson violó sus derechos humanos y políticos.

La Justicia británica estableció que la operación secreta de la Policía vulneró el derecho de Wilson a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el respeto a su vida privada y familiar, el derecho a la no discriminación por razones de género, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.

Los hechos, que para el tribunal constituyeron “un abuso del más alto nivel“, dieron lugar a que el demandado tuviera que indemnizar a la demandante con más de 229.000 libras (alrededor de 260.000 euros).