Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron hoy una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusaron de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años por un monto de mil millones de dólares.

“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó Luciani al advertir que la sanción pedida incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Por la mañana, mientras los fiscales todavía ofrecían su alegato, la expresidenta sorprendió al solicitar al tribunal que mañana se le permita ampliar su declaración indagatoria.

“Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas“, aseguró.

El pedido de condena se conoció después de más de siete horas de audiencia. En cuanto terminó, el presidente Alberto Fernández emitió un comunicado para apoyar a la expresidenta.

“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta que quedó expresada hoy, una vez más… la tipificación abusiva de la figura de asociación ilícita, la imposición de una pena preventiva como pena anticipada son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal”, señaló el escrito.

Agregó que ninguno de los actos atribuidos a Fernández de Kirchner ha sido aprobado. “Toda la acusación de la carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese periodo, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Moderno”, afirmó.

La expresidenta es la protagonista de lo que se ha denominado como la “Causa Vialidad”, ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investiga 51 contratos que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.

El fallecido esposo y antecesor de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78.5% de los contratos de obras viales.

A pesar de que cobró la totalidad de los fondos públicos, sólo terminó 27 de las 51 licitaciones. En la mayor parte de los casos, con sobreprecios millonarios.

De acuerdo con la fiscalía, los Kirchner y otros 12 exfuncionarios y empresarios que también están imputados participaron en una red para beneficiar a Báez, quien obtenía las licitaciones y, de manera paralela, hacía negocios con las firmas hoteleras de la familia presidencial.

El juicio, que se realiza vía remota, comenzó en mayo de 2019 y continuará en las siguientes semanas con las últimas exposiciones de los acusados. Se prevé que, a más tardar en diciembre, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu emitirán una sentencia que después podrá ser impugnada por los acusados, quienes han negado por completo los cargos.

Polémica

Hace tres semanas, el fiscal Luciani provocó un revuelo al iniciar sus duros alegatos contra los Kirchner.

“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, acusó.

También aseguró que las pruebas acreditaban que de 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares, se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos”.

Las imputaciones de Luciani lo transformaron de inmediato en una estrella de la prensa y políticos opositores que presionan desde hace años para que Fernández de Kirchner sea condenada y que ya dieron por probada la culpabilidad de la vicepresidenta.

Por el contrario, Fernández de Kirchner ha reiterado en varias ocasiones que el juicio y las acusaciones sólo forman parte de un “show” y una persecución judicial (o “lawfare”) que busca proscribirla e impedir que siga participando en política y que, por lo tanto, la condena ya está escrita de antemano.

Esta polarización recrudeció durante los últimos días, ya que funcionarios, diputados, senadores, gobernadores y diferentes personalidades se pronunciaron a favor de la vicepresidenta.

A ese clamor se sumó el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien comparó la “persecución” contra Fernández de Kirchner con la que sufrió Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.

“Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la hermana (Cristina). Conocemos como dirigentes lo que significa ser perseguidos jurídicamente por derechistas que buscan eliminarnos políticamente. Nuestra defensa siempre será con la conciencia del pueblo, la verdad y la honestidad”, afirmó.

Desde la oposición, el fiscal Carlos Stornelli enrareció aun más el clima al manifestar su preocupación por la seguridad de su colega Luciani, quien encabezó los alegatos contra Fernández de Kirchner.

Incluso lo equiparó con Alberto Nisman, el fiscal que fue encontrado muerto en su casa en enero de 2015, días después de haber acusado a la entonces presidenta de “traición a la patria”.