La Fiscal de Perú, Patricia Benavides, decidió iniciar una nueva “investigación preliminar” contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la supuesta comisión de un “delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal”.
El Ministerio Público peruano detalló que “el objeto de la investigación” está relacionado con las obras adjudicadas en las provincias de Chota, en Cajamarca y en Cajatambo, en el departamento de Lima, caso por el que es investigado también, por “su condición de ministro de Vivienda”, Geiner Alvadaro.
Medios locales señalan que de acuerdo al fiscal Hans Aguirre Huatuco, la presunta organización criminal que operaría en los departamentos de Cajamarca y Lima tendría una estructura que encabezaría el presidente Castillo, junto al ministro Alvarado y un alcalde identificado como José Nenil Medina Guerrero, quien ya habría sido detenido en Lima.
📢 El objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 11, 2022
La medida contra Castillo se da horas después de que la fiscal Benavides asegurara que su despacho no estaba involucrado en “un supuesto plan político” contra el Ejecutivo.
Previamente, el jefe de Estado había señalado a la Fiscalía de ser parte de “una confabulación” entre “una parte del Congreso y un sector de la prensa“, “para desestabilizar el orden democrático” del país.
Castillo comentó que justo el mismo día que el Congreso presentó un informe para inhabilitarlo, el Ministerio Público montó “un show mediático” para allanar su residencia. “Es evidente la confabulación”, denunció, tras llamar “a todos los peruanos a unirse en defensa del Estado de derecho, el orden democrático y la voluntad popular”.
La fiscal Benavides contestó, horas más tarde, que su despacho trabajaba en “perseguir el delito, caiga quien caiga y pese quien le pese“. Además, afirmó que las decisiones fiscales “no son políticas” sino que “se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución” con base en “evidencias”, por lo que rechazó “firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político”.
“No estamos a favor ni en contra de nadie”
“Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie, a nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley”, aseguró Benavides, por lo que exhortó a los investigados a que “respeten la autonomía del Ministerio Público”.
Por otro lado, Benavides denunció que a partir de las investigaciones que ejecuta su despacho, tendría conocimiento de que se “orquestan ataques“ contra ella y su familia.
🚨#Ahora:Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, brinda un pronunciamiento en el que subraya que las decisiones fiscales se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución, y exhorta a respetar la autonomía del #MinisterioPúblico. pic.twitter.com/SKGXOepThx
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 10, 2022
La reciente investigación que abrió Benavides contra Castillo es la tercera que inicia la fiscal contra el presidente peruano en poco más de un mes de gestión, tras asumir el cargo a inicios de julio. Uno de ellos fue la reactivación de un caso que su antecesora, Zoraida Ávalos, había archivado para que se investigara hasta que el jefe de Estado terminara su mandato de Castillo en 2026.
Ese expediente es el que investiga las presuntas reuniones secretas que sostuvo Castillo con los empresarios Karelim López y Samir Abudayeh, quien es dueño de la compañía Heaven Petroleum Operators, empresa que ganó una licitación en la estatal Petroperú para vender biodiesel por un monto de 74 millones de dólares.
Días antes, Benavides abrió otro caso contra Castillo para investigarlo por presuntamente encubrir a exfuncionarios y a un familiar que están prófugos, a partir de una denuncia realizada por el exministro del Interior, Mariano González.
Previo a estas averiguaciones, la anterior gestión en la Fiscalía había abierto otros tres expedientes contra el presidente peruano: uno por el presunto plagio de su tesis de maestría; otro por supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas; y una tercera carpeta por un caso de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante los primeros meses de su mandato.
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