Una organización promovió las medidas para que dos ciudadanos puedan poseer, transportar y usar la droga.
Un juez mexicano otorgó por primera vez a dos personas amparos para la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, excluyendo cualquier tipo de comercio, informó este martes la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que promovió los instrumentos.
La resolución del juzgado de distrito en materia administrativa de Ciudad de México no implica la legalización de la sustancia, además de que los amparos no pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado. En caso contrario, el dictamen se cae porque no hay otro recurso posible, destaca Animal Político.
La organización señaló que la medida no plantea su masificación ni la búsqueda de jurisprudencia, sino que forma parte de una estrategia legal con la que pretenden terminar con la llamada “guerra contra las drogas“.
“Las decisiones son relevantes por ser las primeras en su tipo para detonar nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intensión del gobierno actual de reformular el combate a las drogas“, señaló MUCD en un comunicado.
#Comunicado Como parte de la estrategia legal con la que, desde 2011, buscamos terminar la guerra contra las drogas y reorientar la política de seguridad del país, MUCD obtiene dos amparos sobre cocaína ➡️ https://t.co/AvwjHWAIgYpic.twitter.com/FY3dRLgzxZ
— México Unido (@MUCD) August 20, 2019
El Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene entre sus objetivos acabar con la prohibición de estupefacientes en el país, ante los escasos resultados que ha dado esa política en materia de seguridad y salud pública.
La propuesta fue planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 por la administración de López Obrador, donde se exponen los argumentos para acabar con la prohibición de drogas. Según el documento enviado al Congreso, esa estrategia es “insostenible”, además, porque en la mayoría de los países donde ha sido aplicada “no se ha traducido en una reducción del consumo”.
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